Proponen reforma para mayor escrutinio a IED por seguridad nacional

El Ejecutivo propone exigir autorización previa para IED superior a 49 % en sectores estratégicos, con multas de hasta 200 mil UMA por incumplimiento

El Ejecutivo federal envió al Senado una iniciativa de reforma a la Ley de Inversión Extranjera que obligaría a obtener autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras cuando una empresa foránea pretenda adquirir más de 49 % del capital de una sociedad mexicana en sectores considerados sensibles para la seguridad nacional, con multas de 5 mil a 200 mil veces el valor diario de la UMA por incumplimiento.

¿Qué sectores quedarían sujetos al nuevo filtro?

La propuesta clasifica como actividades sensibles las siguientes:

  • Infraestructuras estratégicas físicas o virtuales: energía, transporte, sanidad, comunicaciones y minería.
  • Tratamiento o almacenamiento de datos, sistemas digitales y sectores aeroespacial y de defensa.
  • Tecnologías críticas y productos de doble uso: inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías cuánticas, nucleares, nanotecnología y biotecnología.
  • Suministro de insumos fundamentales: energía y materias primas.
  • Seguridad alimentaria y acceso a información sensible, incluidos datos personales.

La Comisión podría incorporar actividades análogas mediante resolución general.

¿Cómo cambiaría la estructura de revisión?

La iniciativa incorpora un nuevo Título Sexto Bis a la ley, denominado “”De la seguridad nacional en las inversiones extranjeras””. Este título sustituiría el esquema actual, que carece de parámetros detallados para evaluar riesgos.

Para reforzar el análisis, la reforma propone integrar a la Comisión a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana. Participarían además, con voz pero sin voto, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera.

La exposición de motivos señala que el mecanismo deberá regirse por principios de no discriminación, transparencia, previsibilidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.

Con información de El Financiero