El Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos (NFTC) denunció ante el Congreso una fiscalización agresiva del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El organismo, que agrupa a unas 300 empresas, acusa al SAT de realizar auditorías severas, negar de forma retroactiva deducciones legítimas y presionar a los negocios que operan en México.
¿Qué solicita la American Society of Mexico ante esta situación?
La American Society of Mexico (AmSoc) busca un acercamiento directo con la Secretaría de Hacienda, encabezada por Édgar Amador, para canalizar las preocupaciones de la iniciativa privada estadounidense por vías institucionales. Larry Rubin, presidente de la AmSoc, descartó que el señalamiento busque confrontar al gobierno de Claudia Sheinbaum.
El objetivo declarado es atender las diferencias mediante legalidad, diálogo y certeza jurídica, según Rubin. La AgrupacIón sostiene que el cumplimiento fiscal de las empresas estadounidenses en México es compatible con reglas claras, procedimientos previsibles y mecanismos eficaces de resolución de diferencias.
¿Cuál es el contexto más amplio de las preocupaciones?
La semana previa, la AmSoc también había pedido fortalecer las exportaciones agroalimentarias en el corredor económico México-EU, tras reportar una caída de 7.1% en las exportaciones agroalimentarias mexicanas. Rubin destacó que el hecho de que empresas y organizaciones estadounidenses recurran a canales institucionales confirma la importancia estratégica de México en las cadenas productivas de América del Norte.
La respuesta de México
Por su parte, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) señaló que ha implementado una reingeniería de sus procesos de fiscalización para brindar mayor certeza jurídica a los contribuyentes.
Entre las medidas destacan realizar una sola auditoría por contribuyente, revisar muestras de información en lugar del 100% de las partidas y evitar auditorías simultáneas en contribuyentes con procesos abiertos. También afirmó que la fiscalización se ha enfocado en actividades de alto riesgo, mientras que se fortaleció la comunicación con empresas, embajadas, cámaras y asociaciones.
La autoridad agregó que redujo en 25% el plazo de resolución de devoluciones, al pasar de los 40 días establecidos en ley a menos de 30 días en los casos procedentes, además de señalar que mantiene criterios uniformes y no retroactivos en las revisiones de IVA e ISR y que impulsa correcciones tempranas en lugar de la determinación de créditos fiscales.
Respecto a los seis señalamientos planteados por el National Foreign Trade Council (NFTC), el SAT rechazó que exista una reinterpretación retroactiva del IVA y afirmó que sus revisiones se realizan conforme a las resoluciones judiciales. Sobre las deducciones de ISR por pagos a partes relacionadas, sostuvo que respeta los tratados para evitar la doble tributación y trabaja con autoridades extranjeras en casos de precios de transferencia.
En materia de controversias fiscales, destacó la reforma publicada el 9 de abril de 2026 al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, que eliminó la obligación de garantizar créditos fiscales mediante billete de depósito como primera opción. Sobre el artículo 30-B, indicó que permite la revisión de información en tiempo real sin constituir un acto de molestia adicional, bajo las obligaciones de secreto fiscal y respeto a los derechos de los contribuyentes.
En cuanto a los Acuerdos Anticipados de Precios (APAs), el SAT afirmó que ha fortalecido su emisión mediante contacto directo con las empresas y coordinación con la autoridad estadounidense. Finalmente, respecto a las retenciones en marketplaces, señaló que estas medidas buscan evitar la evasión fiscal y garantizar el pago de impuestos, por lo que no representan un cambio de criterio.
Con información de El Financiero y la SHCP
