La economía está estancada, la recaudación cae, la deuda sigue creciendo y el gobierno sostiene las finanzas públicas mediante recortes al gasto.

La información económica y fiscal publicada hace unos días nos muestra un panorama cada vez más preocupante para México. La economía se encuentra prácticamente estancada, la inversión privada continúa cayendo, la recaudación tributaria registra su primer retroceso en más de una década, pero no obstante lo anterior, el gobierno logra cumplir sus metas fiscales. Esto queda claro que no se debe a que esté recaudando más, sino porque está dejando de ejercer cientos de miles de millones de pesos del gasto aprobado, lo que debilita aún más la demanda agregada. Todo ello ocurre en un contexto en el que la deuda pública sigue aumentando, mientras que las agencias calificadoras advierten del deterioro de las finanzas públicas mexicanas.

No se trata de hechos aislados. Los datos muestran que la economía mexicana enfrenta simultáneamente un problema de bajo crecimiento y un problema fiscal. La combinación es bastante delicada porque limita la capacidad del gobierno para estimular la actividad económica, restringe la inversión pública, incrementa la presión sobre los contribuyentes y eleva el riesgo de nuevas revisiones a la baja en la calificación soberana del país. Para los empresarios, comprender esta realidad es indispensable, pues de ella dependerán decisiones de inversión, financiamiento, expansión y contratación de personal durante los próximos años.

La economía está en punto muerto y la inversión privada sigue cayendo

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) resumió adecuadamente la situación actual: la economía mexicana se encuentra en un «punto muerto». Los indicadores adelantados correspondientes a junio muestran que la actividad productiva sigue mostrando muy bajo dinamismo y no muestra señales de que se pueda lograr una recuperación relevante este año.

El Indicador IMEF Manufacturero cayó de 48.3 a 47.3 puntos y acumula ya 27 meses consecutivos en zona de contracción. El hecho de que la manufactura permanezca durante más de dos años por debajo del umbral de expansión confirma que el principal motor industrial del país sigue padeciendo una debilidad estructural. El sector servicios tampoco ofrece mejores noticias. El Indicador IMEF No Manufacturero aumentó ligeramente de 48.8 a 49.0 puntos, pero sigue ubicado en zona de contracción.

La lectura que nos proporciona el IMEF es contundente: la economía no se está reactivando; simplemente se está estabilizando en niveles de desempeño muy bajos. En otras palabras, el país está creciendo muy poco y eso no alcanza para generar el bienestar, el empleo formal y la inversión que se requiere.

Los datos del PIB del primer trimestre refuerzan este diagnóstico. La economía apenas logró avanzar 0.24% anual. Si bien la demanda interna aportó 1.2 puntos porcentuales al crecimiento, impulsada principalmente por el consumo privado y el gasto gubernamental, las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones) restaron 6.29 puntos porcentuales al crecimiento total.

Pero el dato más preocupante para el sector empresarial es el comportamiento de la inversión privada. Durante el primer trimestre del año, la inversión privada cayó 3.5% respecto al trimestre previo y restó prácticamente un punto porcentual al crecimiento económico. El consumo privado también retrocedió 0.8% trimestral.

No sobra decir que si las empresas no invierten, normalmente no es porque hayan perdido capacidad financiera de un día para otro. Las empresas dejan de invertir cuando sienten la incertidumbre, cuando consideran que la demanda futura será insuficiente o cuando perciben que el momento institucional y económico no ofrece condiciones adecuadas para crecer capacidades. La caída persistente de la inversión privada implica menos demanda agregada en el presente, pero también significa que en el futuro tendremos menor crecimiento económico, menos productividad, menor generación de empleo formal y menores tasas de crecimiento potencial para el país.

La desaceleración económica ya comenzó a reflejarse de manera clara en las finanzas públicas. Entre enero y mayo de 2026, la recaudación tributaria cayó 1.4% real anual, registrando su primera disminución para un periodo similar desde 2012. Es la primera caída en catorce años y constituye una señal inequívoca de debilitamiento económico.

La principal fuente de ingresos del gobierno, el Impuesto Sobre la Renta (ISR), sufrió una caída de 5.8% anual real, la más fuerte para un periodo enero-mayo desde 2009. La recaudación por ISR ascendió a 1.345 billones de pesos, pero quedó más de 72 mil millones de pesos por debajo de lo programado.

La explicación es relativamente sencilla. Por un lado, al SAT se le están acabando sus cuentas por cobrar de impuestos adeudados; por el otro, una economía que crece poco genera menores utilidades empresariales y, por tanto, menores pagos de ISR. También influyeron mayores devoluciones y menores pagos derivados de las declaraciones anuales. Sin embargo, el mensaje sobre lo que está pasando es claro: la actividad económica no está generando los ingresos fiscales que el gobierno había presupuestado.

La recaudación por IVA logró crecer 3.3% y la del IEPS aumentó 6.9%, impulsados por la resiliencia del consumo interno. Sin embargo, estos incrementos resultaron insuficientes para compensar el desplome del ISR. Los ingresos públicos totales sumaron 3.55 billones de pesos entre enero y mayo, lo que implica una caída real anual de 1.8%, por lo que es la primera disminución para un periodo similar desde 2023.

A este problema se suma nuevamente el deterioro de los ingresos petroleros. Entre enero y mayo, los recursos petroleros cayeron 3.2% anual y se ubicaron casi 120 mil millones de pesos por debajo de lo programado. La razón principal fue una plataforma petrolera muy inferior a la prevista. Ni siquiera un precio internacional del petróleo 15.8% superior al estimado logró compensar la caída en la producción y exportación de hidrocarburos.

El desastre operacional y financiero de Pemex sigue siendo uno de los principales riesgos para las finanzas públicas mexicanas.

El gobierno recorta gasto, pero el déficit y la deuda siguen creciendo

Frente a menores ingresos, el gobierno ha optado por contener el gasto. Sin embargo, esta estrategia presenta límites evidentes.

Entre enero y mayo, el gasto público ascendió a 3.97 billones de pesos, un incremento de 2.3% anual. No obstante, el gobierno dejó de ejercer 417,814 millones de pesos respecto a lo aprobado para el periodo. Se trata de uno de los mayores subejercicios observados en años recientes.

Más de la mitad del ajuste se concentró en dependencias federales. También hubo recortes importantes en Pemex, CFE y en las participaciones transferidas a estados y municipios. Las participaciones federales registraron una caída real de 3%, afectando directamente la capacidad financiera de gobiernos estatales y municipales.

Es importante enfatizar que los datos de la propia Secretaría de Hacienda muestran que el cumplimiento de las metas fiscales descansa principalmente en el subejercicio del gasto y no en una mejora estructural de los ingresos públicos. Esta situación difícilmente puede alcanzarse sin afectar severamente la inversión pública, mantenimiento de infraestructura, así como la prestación de servicios y programas gubernamentales.

Pero eso no es todo, lo verdaderamente preocupante es que, aun con este ajuste extraordinario del gasto, el déficit fiscal continúa aumentando.

Otro punto a destacar es que la estructura del gasto público también se ha vuelto cada vez más rígida, lo que complica cualquier esfuerzo serio de consolidación fiscal. Entre enero y mayo de 2026, el gasto en pensiones ascendió a 693 mil millones de pesos, un incremento real de 6.5% respecto al mismo periodo del año anterior, muy por encima del crecimiento del gasto total, que fue de apenas 2.3%. El fenómeno no es nuevo: durante la última década, el gasto en pensiones ha aumentado 64%, mientras que la inversión pública se ha reducido 33.6%. En otras palabras, una proporción cada vez mayor del presupuesto se destina a gasto ineludible. Además, estas cifras ni siquiera incluyen el gasto en pensiones no contributivas y otros programas de transferencias sociales, por lo que la presión real sobre las finanzas públicas es todavía mayor.

El resultado es preocupante: el Estado mexicano destina cada vez más recursos a obligaciones corrientes y cada vez menos a inversión productiva. Esto implica menor infraestructura, menor capacidad para impulsar el crecimiento y un margen de maniobra cada vez más reducido para enfrentar futuras crisis económicas.

Por su parte, los Requerimientos Financieros del Sector Público, la medida más amplia del déficit, ascendieron a 527,610 millones de pesos entre enero y mayo, cifra 42% superior a la observada un año antes. La diferencia entre ingresos y gasto superó ya el medio billón de pesos.

La deuda pública también continúa creciendo. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público alcanzó 18.9 billones de pesos, equivalente a 50.6% del PIB. En términos nominales, la deuda aumentó más de 1.2 billones de pesos respecto a mayo del año pasado.

Hacienda sostiene que este nivel continúa siendo moderado frente a otras economías emergentes, pero el problema no es únicamente el tamaño actual de la deuda, sino la trayectoria que está siguiendo. Una economía estancada recauda menos. Menores ingresos obligan a recortar gasto o a contratar más deuda. Si el crecimiento no se recupera, la relación deuda/PIB seguirá aumentando.

Las agencias calificadoras han reaccionado. Recientemente Standard & Poor’s modificó la perspectiva de México de estable a negativa y Moody’s redujo la calificación soberana a Baa3. Dos de las principales agencias mantienen la deuda mexicana apenas un escalón por encima de perder el grado de inversión.

Este riesgo debe tomarse extremadamente en serio. Perder el grado de inversión implicaría mayores tasas de interés para el gobierno, encarecimiento del financiamiento para empresas y familias, salida de capitales de diversos fondos institucionales, depreciación del tipo de cambio y menores flujos de inversión extranjera. Para el sector empresarial significaría operar en un entorno mucho más costoso y restrictivo.

La presión sobre las finanzas públicas podría incrementarse aún más debido a las amplias renuncias recaudatorias vigentes. Hacienda estima que este año dejará de recaudar alrededor de 1.67 billones de pesos por deducciones, estímulos, exenciones y tasas preferenciales, equivalentes a 4.4% del PIB y a 16.3% del presupuesto total aprobado para 2026. El monto es incluso superior al presupuesto destinado a inversión física.

Destacan las exenciones y tasa cero del IVA en alimentos y medicinas, que representan 638,701 millones de pesos, así como diversos estímulos fiscales y deducciones del ISR. A ello se suman beneficios fiscales asociados a la Copa Mundial de Futbol 2026, aunque Hacienda no ha precisado cuánto dejará de recaudar específicamente por este concepto.

Es así que en un contexto de menores ingresos, mayor déficit y crecimiento de la deuda, resulta previsible que la autoridad fiscal intensifique la fiscalización, particularmente sobre grandes contribuyentes. Diversos especialistas anticipan más auditorías, revisiones electrónicas y una mayor presión recaudatoria durante los próximos meses.

Conclusiones

México enfrenta una combinación particularmente peligrosa: una economía estancada, caída de la inversión privada, menores ingresos públicos, deterioro de la recaudación, déficit creciente y una deuda que continúa aumentando. Ninguno de estos factores, por separado, provocaría necesariamente una crisis. El problema es que todos están ocurriendo simultáneamente.

Para los empresarios, la principal implicación es que la situación económica de los próximos años será más compleja. Las empresas deberán fortalecer su liquidez, revisar cuidadosamente sus planes de inversión, mantener una estricta disciplina financiera y prepararse para un ambiente de mayor fiscalización y mayores costos de financiamiento.

Y conviene no perder de vista el riesgo más delicado de todos. Si la economía sigue estancada y las finanzas públicas siguen deteriorándose, México podría perder el grado de inversión. Las consecuencias serían terribles para empresas, familias y gobiernos locales. Estos temas quizá no ocupen hoy los titulares ni las conversaciones cotidianas. Después de todo, para muchos la atención está concentrada en la Copa Mundial de Futbol. Pero cuando termine el Mundial, se apaguen los reflectores y los estadios queden vacíos, la economía mexicana seguirá enfrentando exactamente los mismos problemas.