Una iniciativa presentada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión propone reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para prohibir que los empleadores impongan penalizaciones, descuentos, retenciones o represalias a trabajadores que renuncien. El incumplimiento generaría multas de 29,327.50 a 2,932,750 pesos, equivalentes a entre 250 y 2,500 veces la UMA.

La propuesta, promovida por el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (Movimiento Ciudadano), plantea modificaciones en cuatro artículos:

• Artículo 5, fracción XV: las cláusulas contractuales que acepten penalizaciones por renuncia voluntaria serían nulas de pleno derecho.
• Artículo 33: se declararían nulos los descuentos, retenciones, compensaciones o suspensiones de pago que dificulten la terminación de la relación laboral.
• Artículo 132, fracción VIII y nueva fracción VII Bis: los empleadores quedarían obligados a entregar documentos laborales y personales del trabajador dentro de los tres días siguientes a la presentación de la renuncia.
• Artículo 133, fracción XVII Ter: se prohibiría expresamente la permanencia forzosa y la retención de documentos, con las multas señaladas.

¿Cuál es el contexto normativo?

El diputado señala que el artículo 107 de la LFT ya prohíbe imponer multas a trabajadores, pero que en la práctica persisten prácticas que vulneran derechos laborales. Indica que la legislación vigente no prevé de forma expresa la prohibición de penalizaciones no económicas ante una terminación unilateral del contrato.

¿Cuáles serían los plazos de implementación?

De aprobarse en ambas cámaras y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, los empleadores contarían con 180 días naturales para adecuar contratos y reglamentos internos. La iniciativa aún debe pasar por comisiones en la Cámara de Diputados antes de avanzar al pleno.

Con información de El Economista