La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos anunció una propuesta de la Casa Blanca para imponer aranceles adicionales de al menos el 10 % a decenas de socios comerciales, incluidos México y Canadá. 

Esta determinación deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la cual abarcó inicialmente a unas 60 economías, entre ellas la Unión Europea, Reino Unido y Argentina. 

El informe señala que estos países enfrentan dicho gravamen debido a presuntas fallas y falta de aplicación efectiva al momento de prohibir e impedir las importaciones de bienes elaborados con trabajo forzado en terceras naciones. 

Para las 46 economías restantes sujetas a la investigación, entre las que se encuentran China, India, Japón, Corea del Sur, Brasil y Suiza, el incremento arancelario propuesto asciende al 12.5 por ciento.

Justificación de las autoridades del comercio de Estados Unidos

La oficina de comercio de la Unión Americana argumentó que aplicará la tasa del 10 % a los productos procedentes de economías que prohíben las importaciones de bienes vinculados a la explotación laboral o que se han comprometido a realizarlo, mientras que fijará la tasa más alta para quienes no ejecutan eficazmente dichas restricciones. 

El Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró en un comunicado que es inaceptable que sus socios comerciales más importantes no aborden la importación de productos elaborados con mano de obra forzada, añadiendo que la situación obliga a los trabajadores estadounidenses a competir a nivel mundial en condiciones de desigualdad y que ya no tolerarán dicha asimetría. 

La medida forma parte de una estrategia para reactivar los aranceles país por país y sustituir regulaciones previas como la Sección 122, que vence el 24 de julio, y las medidas de emergencia bajo la IEEPA, que fueron anuladas por la Corte Suprema en febrero.

Mecanismos de revisión y postura del Gobierno de México

Los gravámenes recomendados por la investigación de la Sección 301 no entrarán en vigor de manera inmediata debido a que el proceso legal exige un período previo de consulta pública. 

Las obligaciones se formalizarán tras recibir comentarios por escrito hasta el 6 de julio y celebrar audiencias públicas a partir del 7 de julio ante un panel técnico. 

Respecto a este panorama, la Secretaría de Economía de México puntualizó que se trata de una propuesta y no de una determinación definitiva, por lo que el Gobierno de México seguirá presentando argumentos en contra de los supuestos entregados. 

Asimismo, la dependencia mexicana manifestó que confía en que la propuesta arancelaria será modificada en función de los resultados que arrojen las mesas de discusión bilateral que ambas naciones continuarán sosteniendo en las próximas semanas como parte del proceso de revisión del T-MEC.

Con información de El Financiero y la Secretaría de Economía.