La modernización del modelo laboral en el sector público mexicano enfrenta dos obstáculos centrales: la insuficiencia presupuestal y la ausencia de perspectiva de género. Así lo planteó Alma Ruby Villarreal Reyes, ex jueza de Distrito del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, al presentar la segunda edición de su obra Derecho Colectivo Burocrático.
Villarreal Reyes sostuvo que “un modelo laboral, sin un presupuesto suficiente y sin políticas públicas, se equipara a una lista de buenos deseos”. La autora señaló que la transformación jurídica actual deriva de la reforma de derechos humanos de 2011, consolidada con los cambios constitucionales y legales de 2017 y 2019. Dichas modificaciones eliminaron restricciones a la libertad sindical y permitieron la coexistencia de diversos sindicatos en el sector público.
La armonización con el T-MEC y la ratificación de los convenios 98 y 190 de la OIT obligan a México a garantizar la negociación colectiva y entornos laborales libres de violencia. En este marco, el voto personal, libre, directo y secreto se posiciona como eje de la representación auténtica en dependencias gubernamentales.
Villarreal Reyes afirmó que “si las mujeres son excluidas, no podemos hablar de democracia sindical”.
La doctora Aleida Hernández Cervantes, participante en el análisis de la obra, identificó como obstáculo estructural el papel del Estado como empleador, que generó una tensión jurídica constante y limitó el ejercicio del derecho a huelga y la organización gremial de los trabajadores públicos.
Con información de El Economista
