La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) endureció su postura proteccionista durante la primera ronda formal de negociaciones técnico-bilaterales celebrada en la Ciudad de México. 

Fuentes familiares con el proceso confirmaron que la delegación de Washington presentó una propuesta de reforma al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que exige la adopción de normas de origen específicas de contenido estadounidense para vehículos y camiones fabricados en territorio mexicano.

Este planteamiento representa una ruptura estructural con los criterios del tratado vigente, el cual establece un Contenido de Valor Regional (CVR) del 75% enfocado en América del Norte como bloque (incluyendo a Canadá), además de un Valor de Contenido Laboral del 40% al 45% basado en una lista de “componentes esenciales” como motores y transmisiones. 

La intención declarada por el representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, es reconfigurar las reglas de origen de manera restrictiva para incentivar de forma directa la manufactura interna estadounidense.

Ofensiva siderúrgica y el fin de la zona libre de aranceles

El endurecimiento normativo impulsado por la administración de Donald Trump, que incluye la aplicación generalizada de aranceles del 25% a componentes automotrices y del 50% al acero, aluminio y cobre, ha desmantelado en la práctica tres décadas de libre comercio exento de impuestos en la región.

Al interior de las mesas de negociación, los representantes de la USTR notificaron a las cámaras industriales que presionarán por dos condicionantes severas en el sector del metal:

• Regla de origen estricta: exigir que todo el acero que aspire a un trato arancelario preferencial estadounidense sea obligatoriamente fundido y moldeado en América del Norte. Esta medida busca clausurar de forma definitiva el flujo de componentes secundarios provenientes de China que se integran en las plantas manufactureras mexicanas.
• Homologación arancelaria: demandar que México iguale la totalidad de los aranceles y cuotas que Washington aplica a las importaciones de acero de naciones externas al bloque regional.

Ante este panorama, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reiteró que la tasa impositiva del 50% al acero mexicano es “insostenible y carente de justificación”, por lo que presentará propuestas técnicas con datos específicos para reposicionar la competitividad de la región frente a los mercados asiáticos.

Agenda laboral y coordinación con la iniciativa privada

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encabezada por Marath Bolaños López, se integró activamente a los encuentros liderados por el representante comercial adjunto de EE. UU., el embajador Jeff Goettman. 

Acompañado por el titular de política laboral, Gabriel Tamariz, y la subsecretaria Quiahuitl Chávez Domínguez, el equipo de la STPS defendió los avances regulatorios en materia de libertad de asociación y contratación colectiva, buscando asegurar que la revisión técnica no se convierta en una barrera comercial a través del uso punitivo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida.

En el plano corporativo, José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que la iniciativa privada mantiene un diálogo constante con el equipo de Economía mediante un esquema de consultas que sustituye al anterior “Cuarto de Junto”. 

Medina Mora acotó que, ante la convicción de Trump de mantener estructuras arancelarias, México debe negociar compensaciones y beneficios recíprocos.

Asimismo, Juan Carlos Baker, director de Ansley Consultores y exsubsecretario de Comercio Exterior, advirtió en el foro El Financiero Meet Point que, si bien el artículo 34.7 del T-MEC fija el sexto aniversario (1 de julio de 2026) como fecha de revisión, el pacto cuenta con flexibilidad jurídica.

De no consolidarse un acuerdo integral en el año en curso, el bloque podría ingresar a un mecanismo de revisiones anuales sucesivas hasta el año 2036, prolongando el Cortisol financiero en el sector industrial.

Reacción de Ottawa ante el aislamiento bilateral

El despliegue de estas tres rondas bilaterales exclusivas entre Washington y la Ciudad de México —cuyo calendario continuará el 16 y 17 de junio en Washington y regresará a la capital mexicana el 20 de julio— generó alertas institucionales en el Gobierno de Canadá. 

Ante el riesgo de una fragmentación de los mercados, el primer ministro canadiense, Mark Carney, intensificó el activismo diplomático en los centros financieros de Nueva York ante corporativos como BlackRock y JP Morgan, promoviendo la cohesión trilateral del bloque económico que anualmente representa un intercambio de 1.3 billones de dólares.

A pesar de que el ministro canadiense Dominic LeBlanc ha mantenido canales de comunicación con Marcelo Ebrard, en Ottawa persiste la preocupación de que el trato comercial se pulverice. 

No obstante, la relación bilateral México-Canadá arrastra sus propios puntos de fricción regulatoria; las corporaciones canadienses reclaman condiciones de competencia desiguales derivadas de las reformas energéticas que favorecen monopólicamente a Pemex y a la CFE, así como trabas administrativas y auditorías fiscales implementadas por el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Con información de Forbes México, Reforma, El Financiero, El Economista y Milenio.