El Gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), diseña un plan de estímulos fiscales dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). El proyecto tiene como objetivo atenuar el incremento en los costos laborales y de seguridad social, impulsando la formalización del empleo en el marco de la discusión para la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.
Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, informó durante un foro organizado por la World Compliance Association (WCA) que este programa se trabaja de forma coordinada con las autoridades hacendarias y de seguridad social.
Precisó que, aunque el paquete de incentivos se presentará al calor de la reforma constitucional, sus beneficios se enfocarán de manera estructural en fortalecer la permanencia legal de los pequeños negocios, entrando en vigor de manera inmediata en cuanto se realice su anuncio oficial.
El reto operativo de los nuevos turnos y el costo de la seguridad social
Por su parte, David Merino, vicepresidente de la WCA, expuso que las proyecciones de las cámaras de comercio estiman que el 14% de las mipymes de los sectores de comercio, servicios y turismo corren el riesgo de cerrar de manera permanente en los próximos cinco años si no se implementan medidas de apoyo.
El análisis de la WCA desglosa las siguientes implicaciones de la reforma en la estructura operativa de las empresas:
- Modificación de turnos: sectores como el restaurantero se verán obligados a transitar de dos a tres turnos para cubrir sus horarios habituales, mientras que las tiendas departamentales y establecimientos de 24 horas requerirán esquemas de hasta cuatro turnos.
- Costo de seguridad social: la apertura de nuevos turnos de trabajo no impacta prioritariamente en el salario base, sino en las aportaciones de seguridad social, impuestos locales y subsidios, los cuales representan un incremento de entre 35% y 40% en el gasto operativo del patrón.
El sector patronal busca que los estímulos fiscales se enfoquen de manera específica en subsidiar temporalmente la contratación del tercer y cuarto turno.
El objetivo es dotar de viabilidad financiera a los comercios y evitar simulaciones laborales, tales como mantener personal sin registro en el IMSS, realizar pagos de nómina en efectivo o encubrir jornadas excesivas pagando horas extra por fuera de los registros contables oficiales.
Productividad y análisis de costo-beneficio interno
Ante este panorama de transición, Dayana Talissa Reyes López, coordinadora del Comité de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la WCA Capítulo México, puntualizó que cada centro de trabajo debe realizar una auditoría interna del impacto económico antes de modificar sus plantillas.
La especialista señaló que para mantener los niveles de productividad sin presionar el flujo de efectivo, los directivos deben evaluar si resulta financieramente más viable cubrir la jornada ordinaria adicionando el tope legal de tiempo extraordinario, o absorber el costo administrativo total que implica reclutar a un nuevo colaborador, lo cual incluye el salario, las prestaciones indexadas y las aportaciones habitacionales ante el Infonavit.
Con información de El Economista.
