El Gobierno de México solicitó formalmente a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ser retirado de la investigación por “exceso estructural de capacidad” en el sector manufacturero. 

A través de un documento entregado por la Secretaría de Economía, la administración federal argumentó la inexistencia de fundamentos legales o fácticos para mantener al país dentro de este proceso.

La pesquisa estadounidense inició el 17 de marzo de 2026 al amparo de la Sección 301 de su legislación comercial, con el objetivo de identificar políticas y prácticas de mercado que generen sobrecapacidad industrial.

Ante esto, la postura mexicana advirtió que la aplicación de medidas unilaterales vulneraría los compromisos bilaterales asumidos en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), elevando el riesgo de interrumpir las cadenas de suministro regionales, encarecer los costos de producción y acelerar la pérdida de empleos.

Sincronía laboral y el factor automotriz

La Secretaría de Economía fundamentó la defensa en el alto nivel de integración productiva de la región, precisando que las industrias operan de manera unificada en Norteamérica. 

Para sustentar que no existe un fenómeno de sobrecapacidad, el documento citó registros del Bureau of Labor Statistics de la Unión Americana y del INEGI:

• Pérdida de empleo conjunta: Entre febrero de 2025 y febrero de 2026, Estados Unidos eliminó 102,000 plazas manufactureras, mientras que México reportó la baja de 111,347 puestos, sumando un retroceso conjunto de más de 213,000 empleos.
• Sectores afectados: El impacto se concentró en los rubros con mayor interacción transfronteriza, registrando la pérdida de 64,636 empleos en equipo de transporte, 25,062 en plásticos y hule, y más de 18,000 en maquinaria.

La autoridad mexicana expuso que esta caída sincronizada demuestra la ausencia de sobrecapacidad estructural, ya que, de existir, el ciclo manufacturero local se habría desacoplado del estadounidense ante el debilitamiento de la demanda en ese país. 

El sector automotriz se señaló como el ejemplo más claro de esta dinámica, debido al flujo constante de autopartes que cruzan la frontera bajo las reglas de origen vigentes y las estrategias de las armadoras privadas.

Rechazo a los supuestos de la USTR

Finalmente, el escrito oficial rechazó la definición técnica utilizada por la USTR, la cual vincula la capacidad industrial subutilizada con el otorgamiento de incentivos gubernamentales que distorsionan el libre mercado.

La administración federal afirmó que dicho supuesto resulta incompatible con el modelo económico de México, recordando que el marco constitucional del país prohíbe las prácticas monopólicas y mandata la observancia de los principios de competencia, productividad y disciplina fiscal en la actividad financiera del Estado.

Con información de El Financiero.