Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado una postura agresiva hacia la política comercial, un reciente análisis del Congreso de ese país revela que tiene limitantes legales significativas para modificar unilateralmente las reglas de origen del T-MEC.
Históricamente, estas reglas son negociadas por todas las partes y aprobadas por el Legislativo como parte de la ley de implementación de los tratados, otorgando al ejecutivo facultades de negociación solo en casos muy limitados.
El análisis plantea una duda constitucional sobre si el poder ejecutivo se ha extralimitado al crear reglas de origen fuera de los tratados aprobados.
Este cuestionamiento no es menor, considerando que la Corte Suprema ya dictaminó como ilegal la primera ronda de aranceles globales de Trump bajo la IEEPA, obligando al reembolso de 166,000 millones de dólares.
Además, el Tribunal de Comercio Internacional recientemente invalidó el arancel del 10 % impuesto bajo la Sección 122, sentando un precedente de resistencia judicial ante políticas comerciales consideradas excesivas.
El papel de las reglas de origen
Las reglas de origen determinan el país de procedencia de un producto y son vitales para fortalecer las cadenas de suministro regionales.
En el T-MEC, estas reglas se endurecieron para incentivar que los fabricantes obtengan materiales dentro de Norteamérica.
Sin embargo, para realizar cambios profundos, Trump requeriría la Autoridad de Promoción Comercial (TPA), un proceso que no ha solicitado y que podría tardar meses o años en concretarse.
Uso y tipos de reglas de origen
El Congreso estadounidense evalúa actualmente si debe instruir al Ejecutivo para renegociar estas reglas con el fin de cumplir objetivos de política interna sin violar la división de poderes. El uso de estas reglas se divide en dos grandes vertientes:
- Preferenciales: aplicadas en TLC como el T-MEC y programas unilaterales (como AGOA) para asegurar que solo los socios elegibles reciban beneficios arancelarios.
- No preferenciales: utilizadas para medidas antidumping, salvaguardias, etiquetado de origen y estadísticas comerciales.
Este marco legal sugiere que cualquier intento de la administración Trump por “saltarse” al Congreso para imponer nuevas condiciones de origen a México y Canadá podría terminar nuevamente en costosas batallas legales y reembolsos multimillonarios.
Con información de El Economista.
