El Senado de la República analiza una iniciativa para regular el uso de la inteligencia artificial (IA) en el entorno laboral con el objetivo de impedir la sustitución de la mano de obra y la vigilancia desproporcionada.

El proyecto, impulsado por el senador Pablo Guillermo Angulo Briceño, busca reformar la Ley Federal del Trabajo para establecer marcos regulatorios que protejan los derechos fundamentales frente a la automatización y la reconfiguración de las condiciones de trabajo.

La propuesta contempla adicionar seis fracciones al artículo 132 de la normativa vigente para establecer nuevas obligaciones patronales.

Entre estas medidas, destaca que la IA debe utilizarse únicamente como una herramienta complementaria a la labor humana y no como un reemplazo que vulnere la dignidad de los empleados.

Pablo Guillermo Angulo Briceño señala que la inteligencia artificial no solo implica sustitución de empleos, sino también un aumento de esquemas de vigilancia digital y automatización de decisiones que requieren regulación adecuada.

Los empleadores tendrán la obligación de informar de manera clara sobre la implementación de sistemas tecnológicos que incidan en la organización del trabajo, la evaluación del desempeño o la asignación de tareas.

Asimismo, la reforma busca garantizar que cualquier decisión que afecte los derechos laborales cuente con validación e intervención humana, prohibiendo que se basen exclusivamente en procesos automatizados.

El legislador subraya que la ausencia de intervención normativa podría permitir que la innovación tecnológica avance sin contrapesos, afectando directamente a las personas.

La iniciativa también prohíbe el uso de estas tecnologías para prácticas discriminatorias o invasivas que afecten la privacidad de los trabajadores.

Además, los patrones deberán proveer los recursos tecnológicos necesarios para la adopción de la IA sin costo para el personal.

Pablo Guillermo Angulo Briceño sostiene que la tecnología no debe entenderse como un sustituto del trabajo humano, sino como un elemento que fortalezca las capacidades de los trabajadores bajo principios de justicia social.

De ser aprobada, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dispondría de 180 días para emitir los lineamientos generales.

Esta regulación surge ante datos de organismos como la OCDE, que estima que el 27% de los empleos podrían ser sustituidos por IA, y de consultoras como McKinsey, que prevén la automatización de hasta el 60% de las actividades laborales.

El senador reitera que no se trata de frenar el avance tecnológico, sino de encauzarlo bajo criterios de responsabilidad.

Con información de El Economista