México, EE. UU. y Canadá revisan medidas de solución para mina Camino Rojo

Gobiernos del T-MEC definen ruta de reparación para la mina Camino Rojo bajo directrices de libertad sindical y seguridad.

Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá evalúan la ruta de reparación definitiva para el conflicto laboral en la mina Camino Rojo, tras la reciente publicación de la Determinación Final del Panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC.

Esta instancia internacional posee la capacidad legal para declarar si las acciones nacionales han sido insuficientes frente a los compromisos del tratado, aunque no puede anular fallos de la justicia mexicana que ya tienen categoría de cosa juzgada.

Directrices para la solución del conflicto

El documento oficial de los panelistas establece medidas precisas para la negociación post-panel entre los tres países. En cuanto a la libertad de asociación ante factores externos, el texto señala que es necesario implementar un protocolo de seguridad que prevenga de manera efectiva la intervención de agentes externos en las actividades sindicales.

Asimismo, sobre la postura empresarial para mitigar la denegación de derechos, la resolución cita que se requiere la adopción de una política de neutralidad activa que garantice que no habrá represalias ni injerencias por parte del personal de dirección.

Alcances de la resolución sobre la titularidad sindical

La declaración oficial aclara que no existe un mandato para repetir procesos de consulta en favor del Sindicato Minero encabezado por Napoleón Gómez Urrutia. Por ello, se establece que es erróneo interpretar la resolución como una reposición automática de la titularidad o un nuevo recuento.

La labor del panel se ha enfocado en identificar fallas en el entorno de seguridad, sugiriendo que la reparación debe asegurar que los trabajadores puedan ejercer sus derechos de negociación colectiva en un ambiente libre de violencia y coacción.

Consecuencias económicas y sanciones

Expertos indican que la aceptación de estas propuestas depende de la voluntad de los países involucrados.

Actualmente, la empresa mantiene sus cuentas aduaneras suspendidas desde hace más de un año, lo que impide el cobro por exportaciones a Estados Unidos.

La suficiencia de las medidas que se acuerden determinará si se levantan estas restricciones o si se aplican sanciones mayores, tales como multas o la prohibición de exportaciones en caso de reincidencia.

Con información de El Economista