En este seminario web, la C.P.C. Norma Robles analiza las diversas prácticas fiscales indebidas en materia de seguridad social que las empresas suelen implementar de manera errónea.
La experta enfatiza que, en un entorno de fiscalización digitalizada, es fundamental que los patrones mantengan una coherencia estricta entre los flujos financieros de la nómina y las aportaciones ante instituciones como el IMSS y el Infonavit para evitar auditorías o sanciones onerosas.
Durante la sesión, profundiza en temas críticos como la correcta integración del Salario Base de Cotización (SBC) y advierte sobre el mal uso de conceptos como los premios de asistencia y puntualidad, que suelen ser utilizados incorrectamente fuera de sus límites legales, así como la gestión inadecuada de los planes de pensiones y el reparto de utilidades (PTU).
La ponente aclara que, al exceder los montos establecidos o al otorgar pagos garantizados, estas partidas pierden su naturaleza original y deben integrarse obligatoriamente al salario, lo que a menudo deriva en prácticas consideradas indebidas por la autoridad.
Otro eje central es el desafío continuo que representa la subcontratación y el uso del REPSE. A pesar del tiempo transcurrido desde su entrada en vigor, muchas empresas aún muestran deficiencias en la formalización de contratos para servicios especializados.
Robles recalca la importancia de que estos servicios no formen parte del objeto social del beneficiario y de que exista una trazabilidad documental completa. La falta de verificación del registro vigente del proveedor o la omisión de los trabajadores involucrados en los contratos puede desencadenar una responsabilidad solidaria y riesgos fiscales significativos.
Finalmente, aborda la relevancia de las reformas laborales actuales, incluyendo la necesidad de contar con registros electrónicos de la jornada laboral.
La experta concluye que la transparencia y el cumplimiento normativo son pilares de la salud fiscal corporativa, recomendando a las organizaciones revisar constantemente sus contratos y procesos de nómina para alinearse con los criterios vigentes y evitar ser sujetos de fiscalización por parte de las autoridades competentes.
