Avanza legislación secundaria de la jornada laboral en la Cámara de Diputados

Comisiones de la Cámara de Diputados aprueban la reforma para la jornada de 40 horas, la prohibición del buró laboral y una certificación obligatoria para exportadores agrícolas.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma secundaria a la Ley Federal del Trabajo (LFT), la cual establece las reglas para la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas. 

Se prevé que este miércoles 22 de abril el pleno de San Lázaro someta el dictamen a votación final para concluir el trámite legislativo de esta transición constitucional.

La diputada Maiella Gómez, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, afirmó que con esta votación se cumple con la ruta proyectada para la reducción de la jornada. 

Entre los cambios principales destaca la obligación de los patrones de llevar un registro electrónico de la jornada laboral, cuyo incumplimiento derivará en multas de hasta 586,550 pesos. 

Aunque se busca estandarizar la jornada en cinco días, se incluyó una disposición para flexibilizar la distribución de las horas de común acuerdo entre empleadores y trabajadores, especialmente en sectores con jornadas atípicas.

Certificación agroexportación y buró laboral

Adicionalmente, la Comisión avaló la creación de una certificación laboral obligatoria para las empresas de agroexportación. Este documento, que será emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), funcionará como una restricción no arancelaria; es decir, las empresas que no acrediten el cumplimiento de obligaciones patronales y de seguridad social no podrán exportar productos del campo.

Finalmente, el dictamen prohíbe formalmente el uso del “buró laboral”. La nueva normativa impide a los patrones utilizar o difundir datos personales sensibles de trabajadores que hayan renunciado o hayan sido despedidos con el fin de limitar su acceso a futuros empleos. 

Estas medidas buscan fortalecer los derechos de los trabajadores y garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones en el marco de la modernización del mercado de trabajo.

Con información de El Economista.