El Senado de la República analiza una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado con el fin de combatir la vulnerabilidad laboral de la juventud.

La propuesta busca establecer una obligación para que los centros de trabajo con 40 o más empleados destinen al menos el 5% de sus vacantes a jóvenes de entre 18 y 29 años que busquen su primer empleo y no cuenten con registro previo en la seguridad social.

Para asegurar el cumplimiento de esta medida, se plantean sanciones económicas que oscilan entre los 5,865 y los 293,275 pesos para los empleadores que incumplan con la cuota establecida.

Según datos del INEGI citados en el proyecto, el desempleo afecta desproporcionadamente a este sector, pues el 33% de las personas sin trabajo tienen entre 15 y 24 años, lo que suele derivar en la aceptación de empleos informales o precarios ante la falta de experiencia previa.

Como contraparte a las sanciones, la bancada de Movimiento Ciudadano propone otorgar un estímulo fiscal del 25% sobre el salario pagado a estos nuevos trabajadores. Este beneficio sería aplicable una vez que los empleados sean dados de alta ante el IMSS.

Los legisladores de la bancada naranja señalan que incentivar la creación de empleos formales desde el diseño fiscal fortalece el sistema contributivo y la estabilidad económica de largo plazo sin comprometer las finanzas públicas.

La iniciativa, que también cuenta con una propuesta similar en la Cámara de Diputados, extiende las cuotas de contratación al sector público.

Los promotores de la reforma detallan que la integración al mundo laboral con prestaciones permite a los jóvenes participar activamente en el desarrollo económico y reduce la necesidad de destinar recursos estatales a asistencias sociales.

Por su parte, el senador José Máximo García López destaca que este tipo de políticas contribuyen a reducir la desigualdad y brindan alternativas reales frente a la exclusión social.

De ser aprobada, la ley entraría en vigor un día después de aparecer en el Diario Oficial de la Federación.

Con información de El Economista