La transición hacia la jornada laboral de 40 horas en México iniciará el 1 de enero de 2027; sin embargo, solo el 18 % de las empresas se declara listo para su implementación. De acuerdo con un estudio de la firma EY, la mayoría de las organizaciones se encuentra en un estado de parálisis técnica debido al miedo a los costos operativos, la falta de información y la complejidad de las negociaciones sindicales.

Yeshua Gómez, associate partner de People Advisory Services (PAS) – Rewards de EY México, señaló que existe una polarización entre la conciencia del cambio y su ejecución. 

Advirtió que la inacción es riesgosa, ya que puede generar un efecto en cascada que afecte los costos, la capacidad de retención de talento y deteriore la confianza organizacional. 

Según la investigación, el 38 % de las compañías presenta una baja preparación, lo que las sitúa en un riesgo alto frente a la reforma.

Desafíos operativos y dependencia del tiempo extra

El estudio identifica que el principal reto no es la reducción de la jornada en sí, sino la alta dependencia de las horas extraordinarias:

• Normalización de horas extra: el 71 % de las empresas reconoce depender del tiempo extraordinario, el cual suele enlistarse incluso como una prestación en las ofertas de empleo.
• Presión financiera: Yeshua Gómez apuntó que no corregir esta dependencia presionará los márgenes de costos durante la implementación.
• Productividad y eficiencia: empresas en Ciudad de México y Nuevo León que se anticiparon al cambio reportan mejores niveles de satisfacción laboral y atracción de talento.

Por su parte, Jacqueline Álvarez, socia de Law – Labor & Employment de EY México, subrayó que las organizaciones deben iniciar de inmediato el análisis de costos y la identificación de ajustes contractuales. 

Destacó que esta transición es una oportunidad para vincular la reforma con normas de salud mental, como la NOM-035, y convenios internacionales.

Finalmente, Gustavo Redondo, socio de PAS de EY México, consideró que la reforma laboral debe verse como una palanca para transformar la forma en que se trabaja en el país, requiriendo proactividad para mantenerse competitivos en el nuevo esquema legal.

Con información de El Economista.