En el Senado de la República se presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) y prohibir que empleadores soliciten constancias de no antecedentes penales de manera injustificada como requisito para acceder a un empleo o ascenso. 

La propuesta, impulsada por el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, plantea adicionar la fracción XVII Ter al artículo 133 de la LFT para impedir que se exijan documentos con información penal, salvo cuando la naturaleza del puesto lo requiera.

La iniciativa señala que este documento se utiliza con frecuencia como filtro en procesos de reclutamiento, tanto en el sector público como privado. 

Sin embargo, desde 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que su solicitud sin justificación puede constituir un acto discriminatorio. Asimismo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se ha pronunciado en contra de esta práctica al considerar que excluye a ciertos grupos sin basarse en el mérito profesional.

El senador argumenta que la Constitución prohíbe la discriminación y garantiza la libertad de dedicarse a la profesión o actividad lícita que se desee. También recuerda que el artículo 18 constitucional establece el mandato de reinserción social, el cual no debe verse obstaculizado por barreras laborales. 

En ese sentido, la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que la reinserción debe apoyarse en el trabajo, la capacitación y la educación, y promover la aceptación social de las personas liberadas.

La propuesta menciona precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como un caso en Baja California, donde se determinó que la existencia de antecedentes penales no constituye una base objetiva para evaluar la rectitud y probidad en relación con un empleo, especialmente cuando no se distingue entre tipos de delitos o situaciones procesales.

La reforma busca eliminar prácticas discriminatorias en el reclutamiento y alinearse con el capítulo laboral del T-MEC, que contempla la eliminación de la discriminación en el empleo. 

Según el legislador, la medida permitiría convertir esta práctica en una regla laboral verificable y exigible por la autoridad, fortaleciendo la supervisión y sanción en caso de incumplimiento.

Con información de El Economista.