En la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa para ampliar el acceso de personas migrantes al empleo formal, mediante una reforma al artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). 

La propuesta, impulsada por la diputada Damaris Silva Santiago, plantea reducir de 90 % a 75 % la cuota obligatoria de contratación de mano de obra mexicana en puestos técnicos y profesionales, y destinar el porcentaje restante con prioridad a migrantes en situación de vulnerabilidad.

En la exposición de motivos, la legisladora señala que 28 % de las principales necesidades de la población migrante están relacionadas con la generación de ingresos y empleo. 

Datos de la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que sólo una cuarta parte de las personas migrantes en México tiene empleo; 33 % cuenta con ingreso fijo, 9 % tiene contrato laboral y 6 % acceso a seguridad social.

La reforma también mantiene la obligación de empleadores y trabajadores extranjeros de capacitar a personal mexicano y excluye de estos porcentajes a puestos de dirección, administración y gerencias generales, siempre que no se desplace a trabajadores mexicanos previamente capacitados. Además, establece que en sectores estratégicos y empresas del Estado sólo se emplee mano de obra mexicana.

De acuerdo con el Informe sobre Migraciones Internacionales 2024 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2023 México fue el sexto país del organismo con mayor recepción de migrantes.

La iniciativa se presenta en un contexto de escasez de talento. Según la Encuesta de Escasez de Talento 2026 de ManpowerGroup, 67 % de las empresas en México reporta dificultades para cubrir vacantes, proporción que asciende a 81 % en el sector automotriz, 77 % en finanzas y seguros y 71 % en manufactura. 

Asimismo, más de 300 empresas, a través de la iniciativa México te abraza del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ofrecieron más de 70 mil vacantes para mexicanos repatriados de Estados Unidos.

Con información de El Economista.