La reforma constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales concluyó su trámite legislativo tras alcanzar la aprobación de 18 congresos locales, uno más de los 17 necesarios para su declaratoria de constitucionalidad. Con ello, las modificaciones a la Carta Magna quedan formalmente avaladas a nivel nacional.
Hasta el día previo, 13 legislaturas habían dado su respaldo. Este jueves se sumaron Sinaloa, Ciudad de México, Colima, Tlaxcala y Morelos. En total, los estados que aprobaron la reforma son: Oaxaca, Tabasco, Sonora, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Zacatecas, San Luis Potosí, Yucatán, Chiapas, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Ciudad de México, Colima, Tlaxcala y Morelos.
La minuta había sido aprobada previamente por unanimidad en la Cámara de Diputados y contempla un mecanismo de implementación gradual, así como un plazo específico para que el Congreso de la Unión realice adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT).
¿Qué establece la reforma?
La modificación constitucional fija un límite de 40 horas laborales por semana, manteniendo el esquema de un día de descanso obligatorio por cada seis días trabajados. La transición será progresiva y culminará en 2030.
Entre los cambios más relevantes se incluye un nuevo tope al tiempo extraordinario: las horas dobles podrán sumar hasta 12 por semana (actualmente el límite es 9), mientras que las horas triples quedarán limitadas a 4 semanales, cuando hoy no existe un tope específico para este esquema.
Asimismo, se incorpora la prohibición de reducir salarios y prestaciones durante la implementación de la reforma y se establece que las personas menores de 18 años no podrán laborar horas extra.
Calendario de implementación
El régimen transitorio señala que la reducción comenzará el 1 de enero de 2027, cuando la jornada máxima bajará a 46 horas semanales. El año 2026 funcionará como periodo de preparación normativa y operativa.
Posteriormente, cada 1 de enero se reducirá el límite en dos horas anuales hasta alcanzar las 40 horas en 2030. Antes de que inicie la transición, el Congreso de la Unión deberá reformar la LFT para detallar las reglas específicas de aplicación.
A partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, el Congreso contará con 90 días para realizar dichas adecuaciones en la legislación secundaria, lo que definirá los mecanismos técnicos y operativos para su implementación gradual en todo el país.
Con información de El Economista.
