La reforma constitucional que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales avanzó en su proceso de aprobación al obtener el aval de 10 congresos locales, equivalentes al 59% de los 17 respaldos necesarios para su declaratoria de constitucionalidad. 

Las legislaturas de Oaxaca, Tabasco, Sonora, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Zacatecas, San Luis Potosí y Yucatán aprobaron la minuta enviada por la Cámara de Diputados. 

Para su promulgación, la reforma requiere el aval de al menos siete legislaturas adicionales. Una vez alcanzado ese umbral y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entrará en vigor al día siguiente. 

A partir de entonces, el Congreso de la Unión contará con 90 días para realizar las adecuaciones correspondientes a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El proyecto establece cinco ejes centrales: una jornada máxima de 40 horas por semana; una reducción gradual entre 2027 y 2030; nuevos límites al tiempo extraordinario; la prohibición de que menores de 18 años trabajen horas extra; y la protección de salario y prestaciones durante la transición. 

El calendario aprobado prevé una disminución de dos horas cada 1 de enero a partir de 2027, hasta alcanzar el nuevo límite en 2030.

En el marco del 90 aniversario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, afirmó que el gobierno federal será “vigilante estricto” del cumplimiento de los nuevos derechos laborales. 

Señaló que la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum no permitirá retrocesos y que la implementación será progresiva para mantener el equilibrio económico.

Bolaños enfatizó que la autoridad laboral no tolerará abusos en la aplicación de la reforma y reconoció el respaldo del Congreso como clave para concretar una demanda histórica de los trabajadores. 

Indicó que la reducción de la jornada no sólo implica ajustes operativos para las empresas, sino que constituye una medida estructural orientada a mejorar la salud física y mental de la fuerza laboral y a elevar la productividad bajo esquemas de mayor bienestar.

Con esta reforma, México se encamina a homologar su jornada laboral con estándares internacionales promovidos por la Organización Internacional del Trabajo, consolidando lo que el gobierno ha denominado una “primavera de los derechos laborales” bajo un esquema de implementación gradual y supervisión institucional.

Con información de El Economista.