La discusión legislativa sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales ha revelado tensiones sobre el equilibrio de poder en las relaciones laborales en México, advirtió Pablo Franco, abogado integrante de ILAW Network.

Según el especialista, las reformas posteriores al 1 de mayo de 2019 —incluida la que se debatirá en el Senado— podrían estar socavando los derechos de los trabajadores al mantener estructuras que favorecen al patrón.

Franco señaló que el punto central de la controversia es la facultad otorgada al empleador para distribuir las horas de trabajo, lo que compromete el derecho al tiempo libre. 

Argumentó que basar la protección laboral en acuerdos “voluntarios” entre las partes es inviable en el contexto mexicano, donde el poder de negociación de los trabajadores es limitado.

El abogado destacó que esta unilateralidad contraviene el espíritu del Anexo 23-A del T-MEC, que promueve la negociación colectiva y la bilateralidad real. 

En su análisis, advirtió que la reforma podría representar una violación a las disposiciones laborales del tratado comercial y un retroceso frente a la agenda progresista impulsada durante el sexenio 2012-2018, al asemejarse a los modelos de gestión laboral de gobiernos anteriores.

Por su parte, la diputada Patricia Mercado consideró que la reforma constitucional de las 40 horas es insuficiente si no garantiza dos días de descanso semanales. Subrayó que esta medida es clave para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los trabajadores, especialmente de los jóvenes, al equilibrar su vida personal y laboral.

Mercado criticó que el dictamen que avanza en el Senado mantenga el esquema actual de un día de descanso por cada seis trabajados, lo que —dijo— se aleja del principio de justicia social que debería guiar la reforma laboral, en un país con baja productividad y altos niveles de estrés pese a sus extensas jornadas.

Con información de El Economista.