La Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que deroga el acuerdo emitido el 18 de octubre de 2021, mediante el cual se permitió la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos como autos chocolate.
La medida, firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pone fin a uno de los programas más controvertidos del mercado automotriz mexicano, devolviendo la importación de unidades usadas a los esquemas fiscales y aduaneros previos a 2021.
El decreto precisa que la vigencia del programa concluyó el 31 de diciembre de 2025, y su abrogación entra en vigor desde el día de su publicación, lo que anula la posibilidad de nuevas regularizaciones bajo el esquema anterior.
Durante su operación, el programa permitió regularizar 2 millones 987 mil 839 vehículos, de acuerdo con datos del Registro Público Vehicular (REPUVE).
El objetivo inicial fue otorgar certeza jurídica a los propietarios de unidades irregulares y combatir la delincuencia asociada al uso de vehículos sin registro, especialmente en estados fronterizos y de alta migración. Sin embargo, el Ejecutivo federal consideró que prolongar el esquema podría incentivar la importación ilegal de unidades con la expectativa de futuras regularizaciones.
A partir de ahora, la importación de vehículos usados deberá realizarse conforme a la Ley Aduanera, el T-MEC y el Decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados, vigente desde 2011, que establece requisitos más estrictos y un costo fiscal más alto.
Automotrices celebran decisión
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) celebró la decisión al señalar que “se elimina la regularización de lo ilegal” y que el cambio restablece el orden y la certidumbre en el mercado interno.
Su presidente, Guillermo Rosales, afirmó que el programa anterior permitió el ingreso de casi tres millones de unidades “altamente contaminantes y de dudosa procedencia”, que afectaron la seguridad vial y la competitividad del sector formal.
La AMDA reconoció a la presidenta Sheinbaum por su decisión y reiteró su disposición para colaborar con la autoridad en el fortalecimiento del REPUVE y en el diseño de un programa de renovación vehicular que promueva unidades más seguras y eficientes.
De acuerdo con la asociación, la derogación beneficiará tanto a la autoridad como a los consumidores, al garantizar mayor seguridad jurídica, transparencia en la tenencia y pago justo de impuestos, además de contribuir a la modernización del parque vehicular y a la reducción de los impactos ambientales derivados de los vehículos irregulares.
Con información del DOF, Expansión y El Economista.
