La reforma que propone reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales entrará en una fase de adecuación legislativa durante 2026, sin que se prevea una reducción efectiva en ese periodo, explicó Karla Martínez Santistevan, abogada asociada de De la Vega y Martínez Rojas.

De acuerdo con la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la reducción será progresiva, iniciando el 1 de enero de 2027 con una disminución de dos horas por año, hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030.

Martínez señaló que 2026 será un año clave para que los empleadores ajusten procesos, esquemas de productividad y estructuras operativas, ya que la transición implicará nuevos retos en costos laborales y organización del trabajo. 

Entre las principales adecuaciones se contempla flexibilizar el tope de horas extras, que pasará de nueve a doce horas semanales en 2030, manteniendo por ahora el esquema de pago al doble hasta el límite permitido y al triple una vez excedido.

La especialista advirtió que la implementación de la reforma plantea tres grandes desafíos:

• Aumento en los costos operativos, especialmente para pymes y microempresas.
• Escasez de mano de obra calificada, que requerirá mayor inversión en capacitación y atracción de talento.
• Riesgo de informalidad laboral, ante posibles intentos de algunos patrones por reducir cargas económicas.

Empresas como Walmart y 3B ya realizan pruebas piloto para anticiparse al cambio, señaló Martínez, quien consideró que los sectores con mayor demanda de mano de obra calificada serán los más afectados por los ajustes.

Respecto a los posibles despidos, la abogada precisó que la reforma no contempla ningún régimen especial o transitorio que los justifique, por lo que cualquier separación derivada de este proceso sería considerada injustificada, conforme a la Ley Federal del Trabajo.

En caso de despido, los trabajadores podrán acudir al Centro Federal o Local de Conciliación y Registro Laboral para reclamar su indemnización y, si es necesario, presentar su caso ante los Tribunales laborales competentes.

Martínez concluyó que el éxito de la transición dependerá de la optimización del tiempo de trabajo y de una adaptación gradual, enfocada en preservar la productividad y proteger los derechos laborales.

Con información de Milenio.