La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), encabezada por Jamieson Greer, planteó ante el Congreso estadounidense su intención de modificar las reglas de origen del T-MEC para productos manufactureros no automotrices, en el marco de la revisión del tratado prevista para 2026.
El funcionario explicó que el objetivo es fortalecer los criterios de contenido regional con el fin de garantizar que los beneficios del comercio “fluyan sustancialmente hacia las Partes”, es decir, hacia México, Estados Unidos y Canadá, limitando la participación de insumos provenientes de terceros países.
Actualmente, el Valor de Contenido Regional (VCR) fijado por el T-MEC es de 60% para televisores, 40% para sus componentes y 50% para manufacturas eléctricas, según la Secretaría de Economía.
Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones mexicanas no automotrices sumaron 383,113 millones de dólares (mdd), un incremento anual de 16.7 % que representa más del 63 % de las ventas externas totales.
El impulso manufacturero ha compensado parcialmente la contracción del 4.6 % registrada en el sector automotriz, afectado por los aranceles estadounidenses derivados de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
De acuerdo con Jason Marczak, vicepresidente del Centro para América Latina Adrienne Arsht (Atlantic Council), endurecer las reglas de origen será fundamental para “reforzar las industrias norteamericanas en productos críticos como electrónicos, maquinaria y bienes esenciales para la seguridad económica de Estados Unidos”.
El especialista también propuso armonizar los certificados de origen y los procesos aduaneros entre los tres países para reducir ambigüedades y facilitar la trazabilidad del comercio regional.
Presión laboral y reforma judicial
El capítulo laboral del T-MEC se perfila como uno de los temas más sensibles para México durante la revisión del tratado. Según Graciela Bensusán, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el presidente Donald Trump busca responder a las exigencias de los sindicatos estadounidenses, que acusan a México de mantener “una competencia desleal” derivada de salarios bajos.
En el sector automotriz, por ejemplo, los trabajadores mexicanos perciben 5 dólares por hora, frente a los 30 dólares que se pagan en Estados Unidos, una diferencia de seis veces.
En subsectores como carrocerías, remolques y autopartes, la brecha salarial alcanza hasta 8.2 veces, según estudios de la UNAM y la Universidad del Estado de México.
Bensusán advirtió que el gobierno estadounidense podría condicionar las negociaciones a un incremento salarial en sectores estratégicos y a mayores garantías de libertad sindical, mientras que el tema judicial se tornará relevante debido a la reforma al Poder Judicial impulsada por la administración mexicana, que ha generado preocupación por el cambio de jueces y la autonomía institucional.
Cumplimiento del Anexo 23-A y del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida
La académica destacó que México ha cumplido “casi plenamente” con los compromisos laborales del T-MEC, como la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pero subrayó que persisten rezagos en materia de sanciones efectivas.
Hasta ahora, Estados Unidos ha presentado 38 quejas laborales formales sin que se haya emitido ninguna sanción.
El Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), creado en 2016, ha sido útil para resolver disputas sin paneles, aunque Bensusán considera necesario precisar los criterios para admitir quejas y definir con mayor claridad conceptos como “instalación cubierta” o “negación de derechos”.
También propuso implementar un sistema de monitoreo posterior a la resolución de los casos, ya que muchas prácticas se repiten tras el cierre de los expedientes.
No obstante, reconoció que México difícilmente podrá modificar el MLRR para lograr simetría con Estados Unidos y Canadá, ya que las reglas actuales permiten que los sindicatos norteamericanos presenten quejas directamente contra empresas mexicanas, mientras que México requiere una resolución ejecutiva previa para actuar en sentido contrario.
“El 85 % de nuestras exportaciones van a Estados Unidos; tenemos más interés en mantener abierto el mercado y eso nos llevó a aceptar un trato asimétrico”, afirmó la investigadora, quien consideró que el desequilibrio persiste pese al objetivo del tratado de garantizar reciprocidad comercial y laboral.
Con información de El Economista y Milenio.
