El Gobierno de México ha identificado tres esquemas principales de evasión fiscal que generan pérdidas multimillonarias para el erario: el huachicol fiscal, la facturación falsa y la subvaloración en aduanas, de acuerdo con un estudio legislativo elaborado en la Cámara de Diputados.

Estas prácticas aprovechan vacíos legales y fallas de control, afectando los ingresos públicos, distorsionando mercados y representando riesgos para la seguridad nacional.

El análisis indica que el contrabando de combustibles provoca pérdidas por 4,600 millones de dólares (mdd) en evasión de IVA e IEPS y un daño estimado de 28.2 millones de dólares para Pemex y la hacienda pública durante el sexenio anterior. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha abierto 109 expedientes penales por fraudes y contrabando entre enero y septiembre de este año, con un perjuicio al fisco de 22,843 millones de pesos (mdp).

La facturación falsa sigue siendo otro foco de evasión, mediante empresas fantasma clasificadas como EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas) y EDOS (Empresas que Deducen Operaciones Simuladas). Estas simulan servicios para reducir el pago de impuestos. 

Desde 2012, el número de estas entidades creció de 7,400 a más de 12,000, un aumento de 63%. 

El tercer esquema detectado es la subvaloración de mercancías en aduanas, también conocida como contrabando técnico, donde destacan tres productos: azúcar, camarón y acero.

En el azúcar, se detectó el ingreso de 272,000 toneladas entre 2023 y 2024 bajo mezclas con otros insumos para evadir impuestos, con una evasión estimada de 5,000 mdp. 

Además, se identificaron ingenios irregulares en Puebla, Oaxaca y Veracruz y prácticas de contrabando que ponen en riesgo el acceso preferencial de México al mercado estadounidense bajo el T-MEC.

En el camarón, se documentó una triangulación de producto ecuatoriano a través de países centroamericanos, con un volumen de 20,000 a 22,000 toneladas anuales, generando pérdidas superiores a 6,000 mdp entre 2021 y 2022 y afectando hasta el 80% del cultivo sinaloense, además de provocar el cierre de granjas y pérdida de empleos.

En el acero, se detectó el uso indebido de programas de importación temporal por parte de empresas que introdujeron insumos sin pagar impuestos, pese a no destinarse a exportación. 

La Secretaría de Economía canceló los permisos de dos compañías involucradas.

El estudio legislativo subraya la necesidad de fortalecer la supervisión, transparencia y fiscalización en todos los sectores, y destaca que el nuevo muro arancelario aprobado para productos de países asiáticos —principalmente China— es una de las piezas legales destinadas a cerrar las brechas utilizadas para la evasión. 

El combate a estas prácticas constituye uno de los principales desafíos fiscales de la administración actual.

Con información de El País.