Durante el Congreso Compliance y Cierre del Ejercicio 2025, especialistas en materia fiscal coincidieron en que la autoridad tributaria busca reducir litigios con los contribuyentes y fortalecer los mecanismos de resolución administrativa, mientras prepara la implementación de nuevas facultades de verificación exprés a partir de 2026, contempladas en la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF).

El abogado Juan Manuel Jiménez, socio fundador de Jiménez Illescas Noble & Asociados, señaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está apostando por la autocorrección fiscal y los acuerdos conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), con el propósito de evitar juicios largos y costosos. 

Citó cifras del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que reflejan esta tendencia: actualmente ingresan 12,300 asuntos fiscales al mes, frente a 16,500 hace tres años, y los casos de materia fiscal representan 29% del total, cuando antes alcanzaban 51%.

Jiménez explicó que la estrategia del SAT busca resolver los asuntos en la fase administrativa, mediante la corrección voluntaria de irregularidades o acuerdos que permitan regularizar la situación del contribuyente sin llegar al litigio.

Sin embargo, otros especialistas advirtieron sobre los riesgos de las nuevas facultades de fiscalización. Carlos Orozco Felgueres, director general de Grupo ORFE, calificó como una “facultad de extorsión” la incorporación del artículo 49 Bis del CFF, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. 

Este artículo permitirá al SAT realizar verificaciones exprés de comprobantes fiscales sospechosos de ser falsos o simulados en un plazo máximo de 24 días, durante los cuales podrá suspender los certificados de sello digital del contribuyente, impidiéndole facturar y poniendo en riesgo su operación financiera.

Afectaciones a contribuyentes cumplidos

En el Foro “Claves para Negocios en México para el 2026”, organizado por Deloitte y Banco Base, Carlos Ramírez Larsen, socio de Tax Controversy en Deloitte, señaló que la reforma amplía las sanciones contra quienes emitan o reciban Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) apócrifos, incluso si actuaron dentro de la legalidad. 

Explicó que el SAT podrá negar o restringir el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) cuando detecte vínculos con empresas que simulan operaciones (EFOs) o deducen operaciones inexistentes (EDOs), y que los acusados podrían enfrentar prisión preventiva oficiosa mientras se determina su situación jurídica.

El socio director regional norte de Deloitte, Manuel Villalón, agregó que el Paquete Económico 2026 prevé una recaudación equivalente al 15.1% del PIB, el nivel más alto en la historia reciente, con 57% de los ingresos provenientes de medidas de fiscalización y ajustes al IEPS.

Ramírez Larsen también mencionó que la autoridad contará con la facultad de realizar visitas domiciliarias exprés, otorgando al contribuyente solo cinco días hábiles para desvirtuar su presunta participación en operaciones simuladas antes de que se cancele de manera definitiva su sello digital.

En conjunto, las nuevas disposiciones reflejan una estrategia dual: fomentar la conciliación administrativa en casos regulares, mientras se endurecen las medidas de control y sanción frente a posibles prácticas irregulares en la emisión y recepción de comprobantes fiscales.

Con información de El Economista y Reforma.