Titulares de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social de Chihuahua, Coahuila, Jalisco y Nuevo León coincidieron en que, aunque el nuevo modelo de justicia laboral ha mejorado los procesos de conciliación en México, enfrenta retos significativos por falta de recursos, personal y capacitación, lo que impide el cierre definitivo de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JLCA) antes de 2030.
Durante el Foro Nacional Laboral Coparmex, el secretario del Trabajo de Nuevo León, Federico Rojas, informó que su estado registra entre 75,000 y 80,000 conciliaciones anuales con una efectividad del 85%, y un tiempo promedio de resolución de 19 días, pero reconoció un rezago judicial con 3,000 asuntos en amparo que dificultan el cierre de la Junta.
El secretario del Trabajo de Jalisco, Ricardo Barbosa, señaló que en esa entidad existen 110,000 juicios pendientes y que, incluso resolviendo 20,000 casos por año, sería difícil concluir antes de 2045.
Criticó que tanto Estados Unidos como el gobierno federal mexicano se enfoquen solo en el Centro de Conciliación Laboral y el nuevo sindicalismo, dejando de lado el financiamiento para las juntas locales.
Por su parte, la secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi, indicó que su estado cuenta con 30 conciliadores en seis centros regionales y busca ampliar la cobertura, pero subrayó que la falta de presupuesto y defensorías laborales complica el trabajo.
No obstante, Coahuila se ubica en el top 3 nacional en conciliación laboral, con 86% de efectividad, lo que representa un avance, aunque aún se requiere más apoyo federal.
En Chihuahua, el secretario del Trabajo, Diódoro Siller Argüello, reportó que en tres años se han firmado 75,000 convenios que evitaron igual número de juicios, entregando 5,270 millones de pesos a los trabajadores, con una tasa de resolución del 88%.
Añadió que, ante la alta demanda, el estado implementó centros virtuales de conciliación para atender a comunidades alejadas.
Los funcionarios coincidieron en que, pese a los resultados positivos en conciliación, el cierre de las Juntas de Conciliación y Arbitraje podría extenderse más allá de 2030 si no se destinan recursos adicionales y estrategias específicas para atender el rezago judicial heredado del modelo anterior.
Con información de El Economista.
