La Corte Suprema de Estados Unidos celebró este miércoles la primera sesión para analizar la legalidad de algunos de los aranceles aplicados por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero.
El alto tribunal, de mayoría conservadora, tiene en sus manos el futuro de la política comercial de la administración republicana y los ingresos que se espera obtener a través de estos gravámenes.
Debate sobre los poderes presidenciales
Los nueve magistrados deben determinar si los poderes de emergencia del presidente le otorgan autoridad para imponer aranceles a diversos socios comerciales, incluidos los aplicados a México, país al que Trump ha señalado por el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
Los opositores a esta medida argumentan que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) no faculta al presidente para establecer una amplia gama de impuestos aduaneros.
Uno de los puntos centrales del debate es la “doctrina de las cuestiones importantes”, que establece que el Congreso debe autorizar al presidente cuando se trata de medidas de gran impacto.
El fiscal general John Sauer, en defensa del gobierno, sostuvo que esta doctrina no aplica debido al amplio rango de atribuciones del cargo presidencial y advirtió que revocar los aranceles podría exponer al país a represalias comerciales de otras naciones. Según Sauer, el asunto en discusión no es la imposición de impuestos, sino la regulación del comercio exterior.
Dudas en el tribunal
Durante la sesión, varios magistrados expresaron reservas sobre la amplitud de los poderes presidenciales bajo la IEEPA, ya que esta ley se refiere a la regulación de importaciones y exportaciones, pero no menciona expresamente la imposición de aranceles.
“La facultad de establecer impuestos corresponde al poder legislativo, y los aranceles son impuestos”, señaló la jueza Sonia Sotomayor.
El juez John Roberts agregó que el presidente utiliza la ley de emergencia para imponer gravámenes sin distinguir el tipo de producto ni su país de origen, determinando su monto y duración, lo que le otorga una “gran autoridad”.
Contexto legal y posibles escenarios
Desde su retorno al poder, Trump ha elevado los aranceles a niveles no vistos desde la década de 1930. En mayo, un tribunal determinó que el mandatario había excedido su autoridad, aunque la apelación presentada por el gobierno permitió mantener temporalmente las medidas.
Posteriormente, en agosto, un tribunal de apelaciones federal resolvió que los aranceles eran ilegales, lo que llevó al gobierno a presentar el caso ante la Corte Suprema.
En la víspera de la sesión, Trump declaró que mantener los aranceles era “una cuestión de vida o muerte” para Estados Unidos.
En caso de que el tribunal determine que los gravámenes son ilegales, la administración podría recurrir a otras disposiciones legales, como la Sección 301 de la Ley de Comercio, que permitiría imponer aranceles del 15% durante 150 días mientras se desarrollan investigaciones oficiales.
Con información de El Economista
