A partir del 1 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos activó un arancel del 25% sobre los camiones medianos y pesados (clases 3 a 8) importados, una medida que afecta directamente a México, principal exportador de este tipo de vehículos al mercado estadounidense.
La medida forma parte de la guerra comercial del presidente Donald Trump, quien justificó el nuevo gravamen bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, argumentando motivos de “seguridad nacional”.
Golpe a la integración automotriz de Norteamérica
El impacto será especialmente fuerte en México, que exporta más del 90% de su producción de camiones a Estados Unidos y representa el cuarto exportador mundial de vehículos de carga y pasaje.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), el nuevo arancel elevará los precios de las unidades en hasta 35,000 dólares y reducirá la competitividad regional, pese a que el sector cumple plenamente con las reglas de origen del T-MEC.
“El 100% de nuestros socios exportadores cumple cabalmente con el T-MEC; ningún camión hecho en México está fuera de estas reglas”, afirmó Rogelio Arzate, presidente de la ANPACT, quien recordó que la industria se comprometió a elevar el valor de contenido regional al 70% para 2027.
Cadena de suministro en riesgo
La medida llega en un momento delicado para la industria, que enfrenta niveles de producción y exportación comparables a los de la pandemia.
Los fabricantes mexicanos de camiones, como Freightliner Daimler e International, son los más expuestos, ya que sus plantas dependen en gran parte del mercado estadounidense.
Analistas del sector señalan que los aranceles podrían generar desbalance logístico, encarecer los costos de transporte transfronterizo y ralentizar los flujos de exportación hacia el norte, justo cuando la región busca fortalecer la producción integrada bajo el marco del T-MEC.
Contexto político y comercial
El gobierno de Trump ha mantenido una política de proteccionismo selectivo que incluye aranceles de 50% al acero y aluminio y de 25% a los automóviles.
La administración argumenta que el objetivo es que al menos 80% de los vehículos comerciales medianos y pesados vendidos en Estados Unidos sean fabricados en territorio nacional, aunque los analistas consideran improbable alcanzar esa meta en el corto plazo.
El nuevo impuesto amenaza con reconfigurar la cadena de suministro automotriz de Norteamérica y agrava la incertidumbre en vísperas de la revisión del T-MEC en 2026, un proceso en el que México buscará mantener su posición como centro manufacturero regional clave.
Con información de El Financiero y El Economista.
