La reforma a la Ley Aduanera, aprobada por el Congreso mexicano y que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, representa una de las transformaciones más profundas del sistema aduanero en las últimas décadas.
Aunque su objetivo es modernizar procesos, fortalecer la fiscalización y combatir el contrabando, líderes empresariales alertan que su aplicación incrementará los costos logísticos hasta en un 30% y podría ralentizar el comercio exterior.
Responsabilidad solidaria: el nuevo riesgo para los agentes aduanales
El presidente de Comce Noreste, Javier Cendejas Meneses, advirtió que la ley impone una responsabilidad solidaria a los agentes aduanales sobre las operaciones de importadores y exportadores con los que colaboran.
Esto implica que los agentes deberán verificar el origen y contenido de las mercancías —por ejemplo, en importaciones desde China—, lo cual requerirá contratar verificadoras extranjeras para certificar que los contenedores contengan los productos declarados.
Cendejas señaló que este proceso elevará los costos de operación y duplicará los tiempos de despacho marítimo, especialmente en puertos saturados como Manzanillo o Lázaro Cárdenas. “Estos cambios terminarán repercutiendo en el consumidor final y afectarán la agilidad de las operaciones”, afirmó.
Modernización con riesgos de sobrerregulación
El nuevo marco legal incorpora tecnologías digitales, sistemas de videovigilancia y un Congreso Aduanero con mayores facultades para certificar a los agentes.
Sin embargo, expertos como Juan Francisco Torres Landa, socio de Hogan Lovells, consideran que la reforma fue elaborada sin suficiente diálogo con el sector privado, lo que podría traducirse en sobrecostos y dificultades operativas.
La International Chamber of Commerce México (ICC) coincidió en que, aunque la digitalización es un avance, la concentración de responsabilidades en los agentes aduanales puede desincentivar la inversión y reducir la competitividad frente a otros países que buscan aprovechar el nearshoring.
Impactos logísticos y comerciales
De acuerdo con el Comce, el riesgo operativo se extiende a toda la cadena: cada hora de retraso en aduanas implica costos adicionales de combustible, mantenimiento y demoras productivas.
Además, la reforma impone nuevas exigencias de verificación de origen que podrían complicar la relación comercial con países sin tratados de libre comercio, como China e India, de donde México importa gran parte de sus insumos industriales.
Para Gilberto Lozano Meade, socio director de Roland Berger, estas medidas responden a la presión de Estados Unidos en el marco del T-MEC para reforzar los controles de origen, pero advierte que el impacto podría ser “asimétrico” para los países fuera de Norteamérica.
Transición y adaptación tecnológica
La Coparmex subrayó que algunos artículos, como el 59 —que obliga a implementar un expediente electrónico único—, requieren al menos 12 meses adicionales de adaptación.
El organismo propuso una entrada en vigor gradual que permita a las empresas homologar sistemas, capacitar personal y evitar sanciones técnicas durante la transición.
Los analistas coinciden en que el desafío será equilibrar la fiscalización con la agilidad operativa. Si bien la nueva ley busca transparentar las operaciones aduaneras y aumentar la recaudación, su éxito dependerá de la claridad de las reglas secundarias y de la capacidad tecnológica del sector privado para cumplirlas.
Con información de El Financiero y Milenio.
