Especialistas coincidieron en que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ya comenzó en los hechos, particularmente en el capítulo laboral, donde México atraviesa una reconfiguración jurídica y política en materia de negociación colectiva, democracia sindical y cumplimiento comercial.
Las conclusiones se dieron durante el foro “Reflexiones laborales contemporáneas”, en la mesa “Desafíos de la negociación colectiva frente a los tratados comerciales”.
El debate se centró en el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), instrumento del T-MEC que permite aplicar sanciones comerciales inmediatas ante violaciones a los derechos colectivos en centros de trabajo.
Según el especialista Carlos Reynoso, exbecario de Grupo Bolonia, este mecanismo ha modificado la jerarquía tradicional del derecho laboral mexicano, colocando las normas del T-MEC “en el centro de la interpretación jurídica” y corrigiendo vacíos históricos de la legislación interna.
Por su parte, Darle Rojas, expresidenta de la Junta de Conciliación, destacó que la reforma laboral mexicana dejó fuera a más de 100,000 centros de trabajo sin representación sindical efectiva, tras la legitimación de contratos colectivos, lo que podría derivar en nuevos focos de conflicto.
En tanto, Pablo Franco, también exbecario del Grupo Bolonia, señaló que el mecanismo laboral “no sólo corrige abusos, sino que está desplazando sindicatos tradicionales y promoviendo negociaciones auténticas”.
Subrayó, sin embargo, que ya existe una renegociación anticipada del T-MEC, en la que algunos sectores empresariales buscan limitar el alcance del Mecanismo de Respuesta Rápida bajo el argumento del debido proceso.
Los participantes coincidieron en que Estados Unidos ha abierto mesas de evaluación para fortalecer las facultades sancionadoras de la autoridad laboral mexicana, lo que ha derivado en una iniciativa en el Congreso que otorgaría más atribuciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, especialmente en casos de injerencia patronal.
Con información de El Economista.
