El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general, con 78 votos a favor, 37 en contra y una abstención, la reforma a la Ley Aduanera, considerada una de las transformaciones más amplias del marco regulatorio del comercio exterior en México en las últimas décadas.
En lo particular, la votación fue de 77 a favor, 38 en contra y una abstención. El dictamen fue devuelto a la Cámara de Diputados para su revisión con los cambios realizados.
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo federal, contempla 65 modificaciones, 44 adiciones y nueve derogaciones, con el propósito de aumentar la recaudación, combatir la evasión fiscal y fortalecer los controles en la importación y exportación de mercancías.
Asimismo, establece medidas más severas contra el contrabando de combustibles y la corrupción aduanera, y entrará en vigor el 1 de enero de 2026, tras la modificación del artículo transitorio propuesta por el senador Homero Davis Castro.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Ángel Yunes Márquez, detalló que los cambios incluyen la creación del Consejo Aduanero, que se encargará de otorgar autorizaciones y patentes aduanales; la eliminación de la patente vitalicia, sustituyéndola por una vigencia de 20 años, y la ampliación del mismo periodo para las autorizaciones de agencias aduanales.
También se dota de facultades concurrentes de posdespacho al SAT y la ANAM, se incorpora el expediente electrónico con documentos como el CFDI, facturas comerciales y Carta Porte, y se incrementan las multas y sanciones de acuerdo con la gravedad de las infracciones.
El legislador subrayó que la reforma busca facilitar operaciones legítimas con certidumbre y trazabilidad, mientras sanciona a quienes afectan la hacienda pública.
Sin embargo, el consultor en comercio exterior Fernando Ramos Casas calificó la reforma como restrictiva y discrecional, advirtiendo que no contribuye a la modernización ni a la facilitación del comercio y que incrementa las responsabilidades de los agentes aduanales, colocándolos “en el banquillo de los acusados”.
El sector privado también expresó su preocupación, al considerar que la reforma aumenta la carga regulatoria y genera incertidumbre jurídica para las empresas exportadoras e importadoras.
Con información de El Economista y T21.
