El contrabando de combustibles en México estuvo concentrado en menos de 30 agentes aduanales, quienes controlaron durante años operaciones ilegales que provocaron pérdidas fiscales millonarias y distorsiones en el mercado energético nacional, informó Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
De los más de 800 agentes aduanales activos en el país, alrededor del 4% participó en esquemas irregulares de introducción de hidrocarburos.
Durante la actual administración se han cancelado más de 45 patentes por su presunta implicación en estas operaciones. Según la ANAM, las verificaciones aduaneras se volvieron rutinarias y sin supervisión real, lo que permitió subvaluar mercancías y facilitar la entrada ilegal de combustibles.
Las autoridades detectaron maniobras como declarar aceite mineral cuando en realidad se trataba de gasolina o diésel, así como subregistro de volúmenes: en algunos casos, las empresas reportaban 100 mil litros cuando introducían hasta 200 millones, evadiendo impuestos de forma sistemática.
Un análisis del Centro Federal de Inteligencia Criminal identificó una red de contrabando en ocho puertos estratégicos (Altamira, Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Guaymas, La Paz, Cancún y Mazatlán) que operaba con empresas fachada y documentación falsa.
La Fiscalía General de la República ha vinculado a proceso a varios involucrados por su participación en este entramado conocido como “huachicol fiscal”.
El fenómeno también se extendió a Estados Unidos. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) documentó cómo cárteles mexicanos, entre ellos el Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y del Golfo, trasladaban petróleo robado de Pemex hacia Texas, donde era vendido como crudo West Texas Intermediate con facturas falsas emitidas por empresas estadounidenses, generando ganancias de hasta cinco millones de dólares por embarque.
De acuerdo con José Carlos Rodríguez Pueblita, académico del IPADE, el huachicol ha evolucionado de tomas clandestinas a esquemas fiscales y marítimos más sofisticados, con pérdidas estimadas en 24 millones de dólares diarios.
Legisladores calculan que el daño anual supera los 177 mil millones de pesos y que, durante el sexenio anterior, el monto acumulado ronda los 600 mil millones de pesos.
Desde 2021, el gobierno federal ha modificado el Código Fiscal de la Federación para cerrar vacíos legales y fortalecer los mecanismos de control.
Actualmente, un grupo interinstitucional encabezado por la Secretaría de Energía, que incluye al SAT, la Secretaría de Marina, el Ejército, Profeco, la ASEA y la ANAM, monitorea semanalmente las operaciones de importación de combustibles.
Además, se desarrolla una plataforma tecnológica para rastrear pipas y embarcaciones desde su punto de entrada hasta las estaciones de servicio, con el fin de identificar excedentes sin origen comprobado.
En paralelo, la reforma a la Ley Aduanera busca cerrar los espacios de corrupción y fortalecer la fiscalización aduanera.
Según la CAAAREM, el reto ahora es reconstruir la confianza en el sistema y reforzar la infraestructura aduanera para impulsar el comercio exterior sin dejar resquicios a la ilegalidad.
Con información de Expansión.
