El anuncio del expresidente estadounidense Donald Trump sobre la imposición de un arancel de 25% a los camiones importados desde cualquier país, a partir del 1 de noviembre, generó preocupación en la industria mexicana de vehículos pesados. Las plantas ubicadas en el norte del país, que dependen en gran medida de las exportaciones a Estados Unidos, analizan los posibles efectos de esta medida.
La red nacional de ensambladoras, conformada por 13 plantas y una dedicada a motores, envió el año pasado 159,466 unidades al extranjero. En el caso de Freightliner, el 93% de las 60,864 unidades producidas entre enero y septiembre se destinaron al mercado estadounidense.
Rogelio Arzate, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), señaló que el impacto aún se encuentra en análisis y que existe incertidumbre ante las acciones que tomará el gobierno de Estados Unidos.
De acuerdo con proyecciones de la Secretaría de Economía, las pérdidas podrían alcanzar 15,000 millones de dólares anuales. Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior, y Miguel Ángel Martínez, presidente de la Canacar, coincidieron en que el efecto podría afectar significativamente la producción y el costo de las unidades destinadas al mercado mexicano.
La industria enfrenta también el riesgo de alteraciones en el mercado interno. Si las exportaciones disminuyen, los fabricantes podrían redirigir su producción al país, provocando ajustes en precios y una posible reactivación del mercado de camiones usados, principalmente provenientes de Estados Unidos. Actualmente, por cada 100 unidades nuevas vendidas, ingresan 61 usadas.
Eric Ramírez, director de Urban Science para América Latina y el Caribe, señaló que el contrabando y la importación de unidades usadas representan un problema de larga data. En este contexto, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) abrió una consulta para reducir el límite de antigüedad de importación de vehículos a 10 años, una medida que la industria considera necesaria.
Arzate reconoció que controlar la importación de vehículos usados es un paso fundamental y destacó el trabajo del Gobierno Federal en esta materia.
El posible arancel de Trump plantea además un dilema operativo para los fabricantes. Reubicar las plantas no es viable en el corto plazo y los costos de producción en Estados Unidos son hasta 30% más altos. Sin embargo, detener las exportaciones afectaría la razón de ser de estas plantas.
México duplicó el valor de sus exportaciones de camiones hacia el norte en la última década, al pasar de 35,000 millones de dólares en 2010 a 72,000 millones en 2023, según la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA).
De concretarse el arancel, el impacto podría extenderse a toda la cadena de suministro y representar el primer retroceso relevante en la integración industrial de América del Norte desde la firma del T-MEC. En el sector privado se advierte que la medida podría interpretarse como una fractura al acuerdo comercial, ante lo cual México podría recurrir a mecanismos de solución de controversias.
Por ahora, las empresas mantienen cautela en sus declaraciones mientras analizan las posibles implicaciones para el comercio regional.
Con información de Expansión
