El Gobierno de México anunció cifras históricas de recaudación entre enero y septiembre de 2025, con un crecimiento real del 9.1% respecto al año anterior, equivalente a 542,000 millones de pesos (mdp) adicionales. 

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que este incremento se logró sin elevar impuestos ni derechos, y atribuyó el resultado al fortalecimiento del control aduanero, que aportó 200,000 mdp, un aumento del 18.3% anual.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, informó que los ingresos se ubican 470,000 mdp por encima de la meta establecida en la Ley de Ingresos, alcanzando 77.8% de cumplimiento anual. 

Para 2026, se proyecta un incremento del 4.3% en los ingresos totales, impulsado por una mayor eficiencia recaudatoria y la lucha contra la evasión fiscal y el contrabando, sin introducir nuevos impuestos en ISR o IVA.

De enero a septiembre, el gobierno devolvió 630,000 mdp de IVA, 2% más que en 2024, y 40,000 mdp de ISR a personas físicas, 10% por encima del año anterior. 

El total de ingresos estimado para 2026 ascenderá a 7.9 billones de pesos, destinados a programas sociales, educación, salud, infraestructura y vivienda, en el marco del Plan México.

Preocupación del sector privado por nueva reforma contra factureras

Mientras el gobierno presume los logros fiscales, la International Tax Center Association (ITCA) advirtió que la nueva ofensiva contra las factureras, contemplada en el Paquete Económico 2026, podría poner en riesgo a empresas cumplidas y generar efectos colaterales graves.

El presidente del Consejo de Administración de la ITCA, Luis Alberto Romero Topete, señaló que combatir la compraventa de facturas “requiere precisión, no sólo rapidez”, y alertó que el procedimiento exprés propuesto para el SAT puede afectar a compañías legítimas al permitir su publicación inmediata en el Diario Oficial de la Federación (DOF) como presuntas factureras, lo que derivaría en la cancelación de sus sellos digitales.

Según Romero, la medida podría dejar sin facturar a empresas durante semanas, ocasionando pérdidas o incluso su quiebra, especialmente en casos donde exista relación comercial con empresas híbridas —aquellas que combinan operaciones reales con prácticas ilícitas—.

El especialista advirtió además que la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) no especifica qué se auditará ni bajo qué criterios, lo que genera incertidumbre jurídica. 

Tampoco prevé un mecanismo de defensa previo para los contribuyentes, reproduciendo los problemas del artículo 69-B, implementado en 2014, que generó múltiples litigios y permitió a las factureras adaptarse al marco legal.

Romero Topete insistió en que las nuevas medidas deben distinguir entre defraudación y errores administrativos, pues la publicación automática del nombre de una empresa en el DOF podría tener efectos desproporcionados sobre su operación y reputación.

Con información de Forbes México y El Universal.