La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) ha presentado 59 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en los últimos tres años por operaciones de empresas factureras, con un monto total de 54,688 millones de pesos (mdp), informó su titular, Grisel Galeano, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

La funcionaria destacó que estas acciones forman parte de la estrategia para endurecer el combate contra la evasión fiscal en el marco de la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) 2026 y la Miscelánea Fiscal. 

Recordó que las denuncias ascendieron a 17,000 mdp en 2022, 21,700 millones en 2023, 10,000 mdp en 2024, y 5,600 mdp en lo que va de 2025.

Galeano señaló que las factureras representan una “industria del fraude” que desvió miles de millones de pesos que pudieron destinarse a servicios públicos, y afirmó que “nadie puede esconderse en lagunas legales”, subrayando que las reformas buscan cerrar la puerta a la evasión sin afectar a los contribuyentes cumplidos.

En el Paquete Económico 2026, se propone modificar el Código Fiscal de la Federación (CFF) para establecer que las actividades relacionadas con comprobantes fiscales falsos ameriten prisión preventiva oficiosa, en concordancia con el artículo 19 constitucional.

La procuradora explicó que, antes de esta reforma, algunos acusados lograron extinguir procesos penales y pagar montos mínimos, pese a causar perjuicios millonarios al fisco. Detalló que el SAT mantiene 1,568 casos denunciados ante la FGR, de los cuales 1,173 ya fueron judicializados y 565 vinculados a proceso, aunque en 368 se determinó la extinción del proceso penal.

Entre las nuevas facultades propuestas para el fisco se incluyen las “visitas domiciliarias exprés”, que permitirán verificar en un plazo máximo de 24 días la veracidad de los comprobantes fiscales y determinar si las operaciones son reales. Si se comprueba falsedad, se podrán cancelar certificados digitales y presentar denuncias penales con sanciones de tres a seis años de prisión.

Además, se plantea que el SAT pueda negar la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a personas vinculadas con empresas fachada.

La PFF recordó que las llamadas factureras o EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas) son utilizadas por personas físicas o morales para reducir el pago de impuestos mediante operaciones ficticias, práctica que el gobierno busca erradicar con las nuevas reformas al CFF.

Con información de El Economista.