En la Cámara de Diputados continúan acumulándose iniciativas para reducir la jornada laboral en México, la mayoría orientadas a establecer un límite de 40 horas semanales. Hasta el momento, suman 16 proyectos con este objetivo.
El 7 de octubre se presentaron dos nuevas iniciativas: una del Partido del Trabajo (PT), que propone modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT), y otra de Movimiento Ciudadano (MC), que plantea una reforma constitucional.
En septiembre, el Congreso de Baja California envió al Congreso de la Unión un paquete de modificaciones a la Constitución y a la LFT para reducir la jornada a 40 horas, e incluyó la incorporación de la prima sabatina, convirtiéndose en el primer esfuerzo legislativo de este tipo.
Desde mayo pasado, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum anunció los foros de consulta para construir un proyecto de consenso, se han presentado siete iniciativas de reforma en la Cámara Baja, casi la mitad de los proyectos acumulados.
Entre los planteamientos incluidos en las diversas propuestas se encuentran la distribución de las 40 horas en seis días, plazos de implementación diferenciados por tamaño de empresa, una transición escalonada de tres años, turnos diarios de máximo siete horas, la incorporación de una prima sabatina, programas piloto, subsidios para empresas, protección al salario y la inclusión de los trabajadores del sector público.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados mantiene activa su fase de consulta dentro del programa Ruta por las 40 horas, en la que se reciben propuestas de manera presencial y a través del correo electrónico com.trabajoyprevsoc@diputados.gob.mx.
Durante el Primer Encuentro Nacional de Comisiones de Trabajo de los Congresos Locales, la diputada federal Patricia Mercado y el diputado local de Sonora, Óscar Ortiz Arvayo, llamaron a reactivar la discusión sobre la reducción de la jornada laboral. Mercado subrayó la necesidad de iniciar el proceso de manera gradual, recordando que ya existen propuestas, estudios, un dictamen previo y el compromiso de la Presidenta y de la Comisión de Trabajo.
En julio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) concluyó los foros públicos en los que se presentaron más de una docena de propuestas sobre plazos de implementación, programas piloto, creación de un observatorio de seguimiento, reconocimiento del pago por hora e incentivos fiscales.
De acuerdo con un análisis del Grupo Estrategia Política (GEP), los principales consensos de estos foros son: la mejora general de derechos laborales y productividad, la aplicación gradual por industria, la necesidad de diagnósticos técnicos previos y la implementación de medidas complementarias como estímulos fiscales y capacitación.
Sin embargo, el estudio identifica puntos aún sin consenso, como la meta para 2030, los posibles incrementos en costos laborales y el marco legal que deberá reformarse.
Con información de El Economista
