La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantiene en alerta al sector del autotransporte de carga, que busca mayor visibilidad en las negociaciones para garantizar reglas claras que no obstaculicen su operación, ante nuevas medidas en Estados Unidos que podrían complicar su acceso al mercado.

El 28 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para imponer el inglés como idioma obligatorio a los transportistas mexicanos que operan en carreteras de ese país, aunque la aplicación de la medida no ha sido clara.

“Primero dijeron que los operadores mexicanos que transitan en carreteras estadounidenses deberían de hablar inglés, y luego el Departamento de Transporte dijo que quienes solo hacían cruces no debían cumplir con esta medida, pero ahora resulta que sí. No hay claridad en lo que ellos están diciendo”, señaló Manuel Sotelo, vicepresidente de la Región Norte de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

El sector ve en la revisión del T-MEC una oportunidad para dar certeza jurídica a esta disposición, dada la integración entre las cadenas productivas de ambos países.

Martín Rojas, representante en América de la Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU), destacó que el tema debe resolverse de manera estructurada dentro del tratado.

“Se debe simplificar y definir bien. Esto implica que lo que debemos de tener es un proceso claro, que no haya discrecionalidad, que haya mejor coordinación incluso entre las entidades del autotransporte, porque afecta de manera local, estatal, federal. Esto debe de hacerse de una manera más coordinada, y también dedicar más recursos a ese tipo de capacidades”, comentó.

Otro tema pendiente es la falta de implementación de los compromisos contenidos en el capítulo 7 del T-MEC, dedicado a la facilitación del comercio, que buscaba garantizar el libre tránsito de transportistas certificados entre los tres países.

Permisos del DOT, un obstáculo histórico

Sotelo recordó que la apertura de rutas transfronterizas fue uno de los puntos más debatidos durante la negociación del antiguo TLCAN, cuando se aprobaron programas piloto para permitir el ingreso de camiones mexicanos a Estados Unidos.

“Nunca ha sucedido. De hecho, solo nueve empresas mexicanas tienen el permiso para entrar a Estados Unidos, lo que se le conoce como el servicio largo… Los americanos difícilmente nos permitirán que andemos en las carreteras de Estados Unidos, eso no ha sido hasta ahora. Es muy complicado obtener los permisos del DOT para que nosotros ingresemos, tan es así que del 96 (cuando entró en vigor el TLCAN) a la fecha, solo nueve empresas pueden cruzar hacia Estados Unidos”, explicó.

El acceso limitado al mercado estadounidense refleja, para los transportistas, una falta de reciprocidad. Mientras decenas de empresas estadounidenses operan en territorio mexicano, las mexicanas enfrentan regulaciones más estrictas que elevan costos y tiempos de espera.

A ello se suma el incumplimiento de otros compromisos, como la homologación de procesos aduaneros y logísticos. El T-MEC preveía la creación de una “ventanilla única regional” para simplificar la gestión fronteriza, pero este sistema no se implementó.

“Eso ya estaba dentro del T-MEC, pero la verdad es que no se implementó. No tenemos una ventanilla única regional o por lo menos bilateral, entonces ese es uno de los temas, todos los procesos que no se han llevado a cabo, que se prometieron en el T-MEC y que deberían de estar ya implementando”, comentó Rojas.

Tensiones y efectos en la cadena de valor

La falta de coordinación ha sido evidente en momentos de tensión. En octubre de 2023, el gobernador de Texas, Greg Abbott, impuso “inspecciones exhaustivas” a los camiones procedentes de México, lo que incrementó los tiempos de cruce de dos a doce horas y paralizó parcialmente el flujo de mercancías.
Aunque fue una medida local, sus efectos alcanzaron el nivel federal.

“Cuando se trata de un cruce internacional, ya no es un asunto estatal, es interestatal. Por eso creemos que en esta revisión del T-MEC se debe definir cómo se manejarán estas situaciones en el futuro”, apuntó Rojas.

La incertidumbre regulatoria afecta toda la cadena de valor. Las demoras en frontera impactan los tiempos de entrega, incrementan los costos de transporte y reducen la competitividad de las exportaciones mexicanas, en especial en sectores como el automotriz, electrónico y agroindustrial.

El gremio considera que la revisión del T-MEC debe incluir nuevas disposiciones que fortalezcan la logística transfronteriza, como infraestructura tecnológica, mejores mecanismos de seguridad y capacitación.

“Lo que necesitamos es certeza operativa. Que se pongan las normas y las leyes necesarias para cumplir con ello, porque teniendo la certeza operativa está bien. Que pongan las normas y las leyes que quieran, y cumpliremos con ello, lo haremos, pero que haya seguridad en cómo se van a comprender”, sostuvo Sotelo.

Más del 80% del comercio bilateral entre México y Estados Unidos se transporta por carretera. Cualquier cambio en las reglas impacta la competitividad de ambos países.

La revisión del T-MEC es vista como una oportunidad política para fortalecer la relación logística entre los tres países. Los transportistas mexicanos buscan que su voz sea escuchada en las mesas de negociación, tras tres décadas de reclamar un trato recíproco. Mientras tanto, el sector continúa operando en medio de barreras lingüísticas, burocráticas y políticas que esperan una definición en los próximos meses.

Con información de Expansión