El Departamento de Justicia de Estados Unidos se prepara para presentar cargos penales contra empresas e individuos que busquen evadir los aranceles impuestos a las importaciones de bienes, los cuales se elevarán a partir del 1 de agosto.

Tradicionalmente, estos casos se resolvían mediante multas o acuerdos civiles, pero ahora las autoridades buscan actuar con mayor severidad. 

Según Matthew Galeotti, jefe de la división criminal del Departamento de Justicia, cuando se identifican violaciones significativas, como la subvaloración de productos o falsificación del país de origen, corresponde una acción penal.

El gobierno ha creado una nueva unidad enfocada en el fraude comercial, con personal especializado y apoyo de agencias como CBP (Aduanas y Protección Fronteriza) e Investigaciones de Seguridad Nacional. Las investigaciones, aún en desarrollo, apuntan a sectores sensibles como el acero, aluminio, textiles y bienes de consumo. 

Además, fiscales en distintas regiones han solicitado información sobre transacciones de importación durante la administración Biden, lo que podría derivar en acciones retroactivas.

Ana Hinojosa, exfuncionaria de CBP, confirmó que algunas empresas han recibido solicitudes específicas relacionadas con la clasificación arancelaria y las relaciones comerciales con proveedores, señales de que hay investigaciones activas por posible fraude. 

La clasificación incorrecta o triangulación de envíos son tácticas frecuentes para reducir la carga tributaria, aunque pueden derivar en responsabilidad civil o penal si se considera que cruzan el umbral legal.

Trump ha impuesto aranceles mínimos del 10% a todas las importaciones, con tarifas del 30% para productos chinos y del 50% para acero y aluminio, lo que ha intensificado los incentivos para eludir el pago.

Galeotti subrayó que el fraude comercial no solo afecta la recaudación del gobierno, sino que puede facilitar la evasión de sanciones y controles de exportación, en particular por parte de entidades extranjeras.

Artie McConnell, exfiscal federal, explicó que la transición desde el enfoque sancionador de la era Biden hacia el combate al fraude comercial será rápida y efectiva, ya que las agencias, métodos y personal son los mismos. 

Según el exfiscal, prácticas como la triangulación, clasificación errónea y subvaloración son comunes en la evasión arancelaria.

Este giro punitivo busca enviar un mensaje disuasivo a las empresas en un contexto de endurecimiento global del comercio liderado por la nueva agenda proteccionista de Trump.

Con información de Reforma.