Como parte de un paquete de 11 reformas publicadas por la Presidencia en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, el gobierno federal anunció nuevas medidas para fortalecer la coordinación entre dependencias encargadas de prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad Especializada en Delitos Financieros de la Fiscalía General de la República (FGR) tendrán mayores atribuciones, trabajando de forma más cercana con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional. 

El propósito es reforzar la identificación de los verdaderos beneficiarios de empresas y personas políticamente expuestas, y evitar que recursos ilícitos se infiltren en el sistema financiero.

Se busca que, a través de esta colaboración interinstitucional, se recopilen elementos útiles para investigar y perseguir delitos relacionados con operaciones ilícitas y con las estructuras financieras de las organizaciones criminales. Además, se pretende impedir el uso de recursos para su financiamiento.

Como parte del calendario de implementación, la SHCP, previa opinión del SAT, deberá modificar las reglas de carácter general de la ley correspondiente en un plazo máximo de 12 meses. 

Una vez emitidas esas reglas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con el SAT, pondrá en marcha un programa de capacitación y orientación dirigido a asociaciones y sociedades sin fines de lucro, dentro de los siguientes seis meses. 

El objetivo es que estas organizaciones puedan cumplir adecuadamente con sus nuevas obligaciones.

Por otro lado, la SHCP también fungirá como enlace con países, jurisdicciones y organismos internacionales en temas relacionados con el objeto de la ley, y coordinará la implementación de los acuerdos que se adopten en esa materia.

Por su parte, la unidad de la FGR colaborará en el desarrollo de herramientas de inteligencia que integren variables criminales, socioeconómicas y financieras. 

Estas metodologías permitirán conocer mejor la evolución de los delitos de operaciones con recursos ilícitos, identificar estructuras delictivas y evaluar riesgos asociados a su financiamiento.

Con información de El Universal.