Ante el aumento de aranceles en Estados Unidos, abogados comerciales alertaron sobre un incremento paralelo en intentos de evasión aduanera y en la aplicación agresiva de la ley por parte del Departamento de Justicia.

De acuerdo con Jake M. Shields, socio de Gibson Dunn, muchas empresas están altamente incentivadas a buscar formas de reducir sus costos arancelarios, algunas dentro del marco legal y otras cruzando la línea hacia el fraude. 

Entre las prácticas ilegales comunes se encuentran la clasificación incorrecta de productos, la subdeclaración de su valor y la falsificación del país de origen para pagar menos impuestos.

Gregory Husisian, socio en Foley & Lardner, explicó que existe una “zona gris” legal donde algunas maniobras pueden ser técnicamente válidas si se ajustan a múltiples clasificaciones posibles, lo que ha llevado a ejecutivos de alto nivel a involucrarse directamente en la gestión del riesgo arancelario.

El Departamento de Justicia ha declarado como prioridad la persecución de fraudes aduaneros. Matthew Galeotti, funcionario del Departamento, enfatizó en un memorándum de mayo que estos delitos buscan evadir las normas que protegen a los consumidores estadounidenses. 

Como parte de esta estrategia, el programa de denuncia corporativa se ha ampliado para incluir casos de evasión arancelaria, permitiendo a los delatores iniciar demandas civiles bajo la Ley de Reclamaciones Falsas.

Ari Yampolsky, abogado especializado en representar delatores, reportó que ha recibido el doble de llamadas desde el inicio de los anuncios arancelarios de Trump.

Jonathan Tycko, otro abogado del rubro, destacó que muchos delatores provienen de empresas competidoras que buscan frenar prácticas desleales.

Los casos pueden derivar en sanciones civiles o penales. Un ejemplo es el caso de un matrimonio en Florida condenado a casi cinco años de prisión por disfrazar madera china como procedente de otros países para evadir aranceles.

Jennifer Díaz, abogada comercial en Florida, señaló que su firma se está preparando para una ola de fiscalización más intensa, tanto en el ámbito regulatorio como penal, ante el creciente escrutinio sobre las operaciones aduaneras.

La intensificación de la vigilancia y la posibilidad de represalias legales muestran que el cumplimiento aduanero se ha vuelto un foco prioritario para las autoridades y las empresas, en un contexto de tensiones comerciales crecientes.

Con información de Reforma.