El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel del 50% sobre las importaciones de cobre, el cual entrará en vigor el 1 de agosto de 2025.
Esta medida, justificada bajo la Sección 232 por motivos de seguridad nacional, apunta directamente a los principales proveedores de cobre del mercado estadounidense: Chile, Canadá y México.
En particular, México se perfila como uno de los países más afectados, no solo por su peso como productor, sino también por su alta exposición comercial con EE. UU.
Trump justificó la imposición del arancel señalando que el cobre es un insumo esencial para la defensa, la infraestructura tecnológica y la industria automotriz. Desde semiconductores y baterías hasta armas hipersónicas, el metal rojo se ha convertido en pieza estratégica del aparato productivo estadounidense.
A pesar de que EE. UU. es el quinto productor mundial, casi la mitad de su demanda interna de cobre refinado es cubierta por importaciones, lo que ha servido de argumento para buscar el fortalecimiento de la producción local.
El anuncio sacudió los mercados de futuros, llevando los precios del cobre a máximos históricos en la bolsa Comex. Pero para México, las implicaciones van mucho más allá de las cifras bursátiles, como décimo productor mundial de cobre, el país exportó más de mil millones de dólares (mdd) en cobre refinado a Estados Unidos en 2024, y mantiene una balanza comercial positiva en este rubro por más de 2,500 mdd.
Las entidades federativas más expuestas son Sonora, Zacatecas y San Luis Potosí, donde la minería del cobre sostiene miles de empleos.
Sin embargo, la afectación no se limita al cobre en bruto, la industria manufacturera mexicana depende ampliamente del cobre como insumo para exportaciones de valor agregado.
De acuerdo con analistas, el 65% de los bienes manufacturados que México envía a EE. UU. contienen cobre, en muchos casos importado desde Chile o Perú.
Con el nuevo arancel, toda esta cadena de valor enfrenta sobrecostos que podrían erosionar su competitividad y reducir márgenes de operación, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
Pese a la postura diplomática del gobierno mexicano, expertos como Aribel Contreras, de la Universidad Iberoamericana, advierten que estos canales son insuficientes.
Considera urgente una reestructuración de la política exterior en Washington, con mayor presencia y presión desde el Congreso y los estados clave que dependen del comercio con México.
Contreras subraya que el país no puede seguir en actitud defensiva, especialmente siendo un socio prioritario en el marco del T-MEC.
Antes del cobre, Estados Unidos ya había aplicado aranceles a sectores como el acero, el aluminio, y ahora amenaza con imponer gravámenes de hasta 200% a los productos farmacéuticos si no se fabrican dentro del territorio estadounidense.
La estrategia busca repatriar industrias y reforzar el discurso nacionalista en vísperas de las elecciones intermedias en EE. UU., previstas para noviembre de 2026.
Desde el ámbito económico, analistas como Roberto Zepeda, del CISAN-UNAM, coinciden en que la coyuntura electoral ensombrece las negociaciones comerciales. Aun así, ven posible que México y Canadá logren acuerdos bilaterales con EE. UU. que mitiguen los impactos sin necesidad de renegociar por completo el T-MEC, cuya revisión está programada para el segundo semestre de 2025.
La implementación del arancel al cobre reaviva la discusión sobre la necesidad de que México diversifique sus mercados de exportación.
Aunque buena parte del cobre mexicano también se dirige a China, la dependencia de EE. UU. sigue siendo crítica.
