Durante el primer foro para discutir la implementación de la jornada laboral de 40 horas en México, el abogado laboralista Ricardo Martínez Rojas, socio fundador de D&M Abogados, propuso que esta reforma se aplique exclusivamente a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y no a la Constitución, con el fin de garantizar mayor flexibilidad y facilidad de ajustes futuros.

El especialista señaló que la Constitución ya establece un máximo diario de ocho horas, pero no fija una jornada semanal, lo cual abre la posibilidad de realizar los ajustes únicamente en la legislación secundaria. 

Modificar la Constitución, explicó, implicaría un proceso legislativo más complejo, incluyendo la aprobación de dos tercios del Congreso y la mayoría de los congresos locales, lo cual limitaría la capacidad de respuesta ante necesidades futuras derivadas de la implementación gradual de la medida.

Flexibilidad y gradualidad, claves en la discusión

Durante el foro se destacó la necesidad de que la reforma se implemente de manera gradual, flexible y sectorizada, permitiendo a las empresas adaptarse según sus condiciones operativas.

En ese marco, el sector empresarial ha propuesto alternativas al modelo semanal, como esquemas diarios, quincenales o mensuales, el uso de bancos de horas y un enfoque más amplio sobre el tiempo extraordinario. 

En este sentido, Martínez Rojas planteó que se debería considerar mantener solo un día obligatorio de descanso semanal, lo que permitiría una distribución más eficiente de las 40 horas:

Horas extras y carga fiscal

Otro de los puntos abordados fue el tratamiento de las horas extras triples. Según el abogado, actualmente estos ingresos están gravados con el Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que disminuye el beneficio real para el trabajador. 

Propuso que se exente este ingreso del ISR para fomentar un esquema más equitativo y permitir que las empresas puedan utilizar las horas extras como una herramienta de transición sin afectar el poder adquisitivo de sus colaboradores.

Finalmente, Martínez Rojas subrayó que los foros deben servir para alinear productividad, competitividad y derechos laborales, y confió en que la nueva administración impulse una reforma eficaz y adaptable, basada en el diálogo entre trabajadores, empresarios y autoridades.

Con información de El Economista.