México buscará ser excluido del aumento arancelario al acero y aluminio

México y organismos industriales han expresado preocupación por el aumento de Estados Unidos a los aranceles del acero y aluminio

El gobierno de México solicitará su exclusión del incremento al 50% en los aranceles al acero y al aluminio anunciado por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

La medida, que duplica la tarifa anterior de 25%, ya está en vigor y afecta a varios países exportadores, entre ellos Canadá, Brasil, Corea del Sur, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, China y naciones de la Unión Europea.

Ebrard calificó el gravamen como insostenible y destacó que Estados Unidos mantiene un superávit con México en el comercio de acero, lo cual, en su opinión, vuelve injustificada la medida.

Según cifras de la industria, al cierre de 2024, Estados Unidos tenía un superávit de 2.4 millones de toneladas de acero respecto a México.

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) también manifestó su rechazo a la decisión estadounidense, argumentando que los aranceles afectan a la cadena de valor regional y benefician indirectamente a países asiáticos que, dijo, utilizan subsidios y manipulan su moneda para evadir restricciones comerciales.

Añadió que el acero mexicano no representa una amenaza para el mercado estadounidense y que México mantiene un déficit en productos siderúrgicos terminados con Estados Unidos por cuatro mil millones de dólares.

Desde Europa, la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) advirtió que el alza del arancel al acero europeo equivale, en la práctica, al cierre del mercado estadounidense para estos productos.

Reportó cancelaciones de pedidos y pérdidas económicas considerables, además de advertir sobre un posible proceso inflacionario en Estados Unidos debido al encarecimiento de materias primas.

Analistas han señalado que la legalidad de la imposición unilateral de aranceles por parte de Estados Unidos se encuentra bajo revisión judicial.

La medida ocurre en un contexto de crecientes tensiones comerciales y negociaciones sobre tarifas recíprocas con diversos socios internacionales.

Con información de El Economista y T21