El gobierno de México implementó medidas correctivas tras una queja laboral presentada por el Frente Auténtico del Trabajo (FAT) ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, en la que se señaló que la empresa Aludyne obstaculizó la libertad de asociación y la negociación colectiva de los trabajadores.
La embajada de Estados Unidos en México informó que se alcanzó una resolución en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR). Como parte del acuerdo, Aludyne restableció el empleo de un trabajador despedido por actividad sindical y realizó pagos atrasados y entrega de beneficios.
Con la aplicación de estas medidas, Estados Unidos reanudó la liquidación de aranceles sobre los bienes producidos en la planta de Aludyne, ubicada en Iztapalapa y dedicada a la fabricación de piezas de automóviles.
El gobierno estadounidense señaló que México aceptó la solicitud, identificó la denegación de derechos en materia de libertad de asociación y negociación colectiva, y trabajó con la empresa para implementar acciones correctivas dentro del periodo de revisión. Estas medidas fueron revisadas por Estados Unidos, que concluyó que la situación fue remediada.
Entre las medidas aplicadas por Aludyne se encuentran la adopción de una Carta de Neutralidad, una política de Directrices de Conducta sobre libertad de asociación y negociación colectiva, y una política de tolerancia cero ante violaciones a estos derechos.
También se impartió capacitación al personal sobre los compromisos y directrices de neutralidad, y se acordó con el sindicato la reprogramación de horarios de los delegados sindicales para facilitar el acceso de los trabajadores, así como la asignación de tiempo remunerado para funciones sindicales durante la jornada laboral.
El 3 de marzo de 2025, el Comité Laboral Interinstitucional para el Monitoreo y la Aplicación recibió una petición del MLRR presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica, Acero, Hierro, Conexos y Similares (STIMAHCS), en la que se denunció que la empresa intentaba reemplazar líderes sindicales, restringir la participación en comités de trabajadores, penalizar a negociadores sindicales e interferir en actividades sindicales mediante amenazas, represalias e intimidación.
Tras la implementación de las acciones correctivas, el gobierno de Estados Unidos informó que no existe una denegación continua de derechos y dio por concluida la queja.
Con información de El Economista
