Tras el anuncio del gobierno federal sobre la reducción de la jornada laboral en México, la iniciativa privada reconoció la gradualidad del plan, aunque advirtió que no es suficiente y pidió que se construya un proyecto con reglas específicas, flexibles y acordes a las realidades de los distintos sectores económicos.

El pasado 1 de mayo, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, informó que el 2 de junio iniciarán mesas de diálogo entre gobierno, empresarios y sindicatos para avanzar en la reducción de la jornada laboral hasta alcanzar 40 horas semanales a más tardar en 2030.

De acuerdo con Bolaños, la medida se implementará de forma paulatina por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló a El Economista que estos diálogos permitirán analizar qué actividades económicas podrían considerarse como casos de excepción ante la reforma.

Indicó que las micro, pequeñas y medianas empresas podrían enfrentar incrementos en sus costos operativos, lo que requiere atención especial para evitar impactos como cierres.

Roel subrayó la necesidad de identificar fórmulas que permitan avanzar sin afectar la operación de los distintos sectores productivos.

Agregó que no solo se trata de acordar una reducción progresiva, sino de definir los requerimientos necesarios para implementarla, incluyendo esquemas de flexibilidad laboral que se han aplicado en otros países.

Respecto a las mesas de diálogo, mencionó que aún no se han definido los detalles de participación, pero destacó la importancia de incluir a todos los sectores económicos, tanto de producción como de servicios.

Señaló que será esencial escuchar a los actores productivos para diseñar una transición adecuada hacia la jornada de 40 horas.

El representante del CCE también planteó que el diálogo debe considerar los impactos sobre la economía nacional, la competitividad de las empresas y el bienestar de los trabajadores.

Advirtió que el objetivo es evitar efectos como el desempleo y subrayó la necesidad de revisar experiencias internacionales para identificar rutas viables.

Roel indicó que, aunque aún no cuentan con propuestas concretas para las mesas de trabajo, están recopilando información de distintos sectores productivos para presentar un análisis económico de los posibles impactos.

Añadió que están trabajando con asociaciones, organismos empresariales y compañías de distintos tamaños para definir rutas de implementación.

También expresó preocupación por la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que, combinado con la reforma laboral, podría representar retos adicionales en materia de costos para las empresas mexicanas.

Finalmente, confió en que las mesas de diálogo ofrecerán el espacio suficiente para revisar los efectos sectoriales, definir el momento adecuado para iniciar la reducción y establecer esquemas que fortalezcan la productividad del país.

Con información de El Economista