México iniciará transición hasta tener jornada laboral de 40 horas en 2030

México iniciará transición hasta tener jornada laboral de 40 horas en 2030

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, anunció que México comenzará una transición gradual para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, con el objetivo de alcanzar esta meta en enero de 2030. 

La presidenta Claudia Sheinbaum ya había adelantado en octubre de 2024 que esta reforma sería una prioridad de su gobierno, y la reafirmó el pasado 1 de mayo durante el Día del Trabajo, al declarar que “siempre es buen momento para defender a las y los trabajadores de México”.

Aunque la propuesta surgió en legislaturas anteriores, el actual gobierno federal ha asumido su conducción, formalizando un calendario que marca una nueva etapa en la discusión. Se contempla la realización de foros y mesas de trabajo, pero ya existe un compromiso con un plazo definido.

Actualmente, en México, más de 23 millones de personas trabajan más de 40 horas a la semana, y 10 millones exceden el límite legal de 48 horas. Sin embargo, el país continúa entre los últimos lugares de productividad en la OCDE.

Reducción de la jornada afectaría a maquiladora

Expertos advierten que la reducción de la jornada impactará principalmente al sector manufacturero. Germán de la Garza, socio gerente de la firma Fisher Phillips, explicó que las líneas de producción están estructuradas con base en la jornada actual, por lo que la medida implicará contratar más personal o pagar horas extra. 

También señaló que el cambio representará costos adicionales para los empleadores.

Por su parte, Diego García, de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, destacó la importancia de implementar la reforma de forma gradual, especialmente para las pequeñas empresas. 

Además, advirtió que sectores como el de alimentos y bebidas, donde los ingresos dependen en gran medida de las propinas, también enfrentarán desafíos.

La Cámara de Comercio de la Ciudad de México enfatizó que la reducción debe atender criterios de razonabilidad jurídica y viabilidad económica, advirtiendo sobre posibles efectos en las finanzas públicas y en organismos como el IMSS e Infonavit.

Con información de El Economista y Reforma.