Mientras en el mundo la semana laboral de 40 horas es una realidad desde hace décadas, en México el debate apenas avanza. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que, para 2005, la mitad de las economías globales ya tenían este esquema y una cuarta parte operaba con jornadas de entre 41 y 46 horas.
Desde 1935, la OIT estableció el Convenio 47 sobre las 40 horas, aunque solo 15 países lo han ratificado. Sin embargo, muchas naciones, como Ecuador y Chile, han reducido sus jornadas sin esta obligación.
Factores clave en la reducción de la jornada
Según Marité Villanueva, abogada laboral y asesora en Recursos Humanos, la reducción de horas de trabajo ha sido posible en países donde se valora el bienestar de los empleados y la productividad no se mide únicamente por el tiempo trabajado.
Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), explica que en países con alta productividad los trabajadores tienen mayor poder de negociación, y la eficiencia permite reducir las horas sin afectar la operación empresarial.
Un informe de la OIT, dirigido por Andrés Marinakis, destaca que, pese a los avances tecnológicos que han incrementado la productividad, aún no se discute ampliamente cómo esto podría traducirse en una menor jornada laboral.
En América Latina, la semana de 48 horas sigue predominando, aunque al menos 14 países han establecido límites menores. Ecuador adoptó las 40 horas en 1997, mientras que Colombia y Chile están en transición.
México y el desafío pendiente
El país mantiene una jornada laboral sin cambios en más de 100 años, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su intención de reducirla de manera progresiva. Actualmente, la Cámara de Diputados analiza seis proyectos con este propósito.
Villanueva considera que México debe actualizar su legislación laboral para alinearse con las nuevas dinámicas de trabajo.
De la Torre señala que el cambio debe ser gradual y requiere mejorar la productividad mediante inversión en tecnología y capacitación, además de revisar costos del sistema de seguridad social para los empleadores.
Con información de El Economista.
