El Senado de la República busca establecer sanciones económicas para las organizaciones que toleren el acoso laboral, con multas que podrían alcanzar los 565,700 pesos.

La propuesta, impulsada por la senadora Julieta Ramírez Padilla (Morena), plantea incluir en la Ley Federal del Trabajo (LFT) la definición de acoso laboral y sus consecuencias jurídicas.

Según la iniciativa, las multas por permitir estas prácticas irían de 28,285 a 565,700 pesos. Además, se propone reforzar las medidas preventivas en los centros de trabajo mediante protocolos internos de atención, mejores canales de denuncia y campañas de sensibilización sobre el tema.

Actualmente, la LFT reconoce el hostigamiento y el acoso sexual en su artículo 3, pero no contempla el acoso laboral. El hostigamiento se define como el abuso de poder en una relación de subordinación, mientras que el acoso sexual se refiere a conductas abusivas sin necesidad de subordinación, pero que generan un estado de indefensión.

El acoso laboral, que se busca incluir en la legislación, ocurre cuando uno o varios trabajadores ejercen violencia psicológica de manera sistemática contra otra persona en el entorno laboral.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo describe como una serie de acciones hostiles con el fin de intimidar, excluir o afectar emocional e intelectualmente a la víctima. Estas acciones pueden incluir exclusión, agresiones verbales o sobrecarga de trabajo, con impacto en la autoestima, salud e integridad de la persona afectada.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que en 2024 hubo 654,852 abandonos laborales en México, de los cuales 36% estuvieron relacionados con condiciones peligrosas, acoso y maternidad.

Statista reportó que, en el mismo año, 127,950 personas renunciaron a sus empleos debido a acoso o discriminación, lo que representó un incremento del 16% respecto al año anterior.

Desde 2019, la LFT exige a las empresas contar con un protocolo para prevenir y erradicar el acoso y hostigamiento sexual en los centros de trabajo. Además, México ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que busca garantizar mecanismos de denuncia y protección para las personas afectadas.

Con información de El Economista