Obligar a firmar renuncia anticipada puede considerarse como delito penal

Las empresas que obliguen a trabajadores a firmar cartas de renuncia anticipada podrían enfrentar sanciones penales tras la reforma al Artículo 19 de la Constitución.

Las empresas que obliguen a trabajadores a firmar cartas de renuncia anticipada podrían enfrentar sanciones penales tras la reforma al Artículo 19 de la Constitución, aprobada en diciembre pasado, que modificó las reglas para la prisión preventiva oficiosa en México. La práctica podría considerarse extorsión y dar lugar a medidas legales.

La reforma amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, homicidio doloso, feminicidio, trata de personas, robo a casa habitación y el uso de programas sociales con fines electorales, entre otros.

En algunas empresas, la firma de cartas de renuncia anticipada ha sido utilizada para presionar a trabajadores y evitar el pago de prestaciones. También se ha exigido a nuevos empleados firmar estos documentos como requisito de contratación.

Leopoldo R. Jacobo, maestro en Derecho Corporativo, explicó a El Economista que esta práctica ha existido en el país, pero ahora podría ser considerada un delito mayor.

“No solamente es un fraude, podría tratarse de extorsión. La reforma establece que la extorsión amerita prisión preventiva oficiosa. Si un trabajador es obligado a firmar su renuncia en blanco para obtener el empleo, se configura un acto más grave que el fraude”, señaló.

Sanciones en la LFT

El artículo 48 Bis de la Ley Federal del Trabajo (LFT) prohíbe alterar documentos firmados por trabajadores para incluir su renuncia, así como exigir la firma de papeles en blanco al momento de la contratación o durante la relación laboral.

Las sanciones para quienes incurran en estas prácticas van de 11,314 a 113,140 pesos (100 a 1,000 veces la Unidad de Medida y Actualización). Además, se deberá notificar al Ministerio Público por posibles delitos contra la administración de justicia.

Miguel Ángel Fuentes Vargas, director jurídico de FyT Abogados, señaló que los jueces pueden analizar estos casos y notificar al Ministerio Público si identifican elementos de delitos como intimidación, extorsión o falsedad de declaración.

“Actualmente, es posible establecer sanciones penales contra las empresas y sus representantes legales, incluidos abogados que participen en estas acciones”, indicó.

Fuentes Vargas agregó que, según el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cualquier persona que tenga conocimiento de un acto ilícito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público.

Acciones ante una renuncia forzada

Los especialistas coinciden en que los trabajadores que sean obligados a firmar una renuncia anticipada deben presentar denuncias ante las autoridades competentes.

“Desde el primer momento se debe denunciar. Dependiendo de las circunstancias, el Ministerio Público puede determinar si se trata de fraude o extorsión. Actualmente, es posible sancionar a quien obligue a firmar una renuncia y clasificar el acto como fraude o extorsión”, concluyeron.

Con información de El Economista